En el Sefar estarían depositados 50 mil kilos de medicamentos

Esta noticia, ha sido publicada en una edición del diario Últimas Noticias, desafortunadamente no tengo el nombre de su autor, la comparto contigo debido a la gravedad de la pérdida de tantas toneladas de medicamentos. Cuando mi hermano, Pancho Griffin, médico de pobres era Director del Sefar había 30 empleados y no se perdía ni un solo medicamente, como no es ladrón, lo botaron en este gobierno. Ahora hay como 3 mil empleados que dejan perder medicamentos. BGV.

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Un trabajador de Sefar, contó que uno de los contenedores está repleto de cintas con estuches de diagnóstico para medir el nivel de glucosa de los diabéticos

Fuentes internas del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), servicio adscrito al Ministerio de Salud, proporcionaron a ÚN fotografías de medicamentos vencidos y almacenados en los depósitos de esa institución.

De acuerdo con los informantes, cerca de 50 mil kilos de productos farmacéuticos se hallan almacenados en el lugar.

Un trabajador de esta planta productora estatal, que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, contó que uno de los contenedores está repleto de cintas con estuches de diagnóstico para medir el nivel de glucosa de los diabéticos.

En los otros hay fármacos como Amlodipino, Enalapril y Clopidogrel, para controlar enfermedades cardiovasculares (primera causa de muerte en Venezuela). También hay cajas con protector gástrico en cápsulas (Omeprazol), ampollas de anestésico local y pastillas para quienes padecen diabetes. La mayoría de estos fármacos fueron producidos por la casa cubana Heber Biotec. Asimismo, la fuente consultada constató que hay inyectadoras de 1, 3, 5, 10 y 20 cc, todas vencidas.

“Esto es una constante en el Sefar”, señaló el dirigente del sector salud y representante del Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase), Pablo Zambrano, quien además denunció que ha bajado la producción de la planta, que elaboraba 33 medicamentos de uso diverso hasta 2006, cuando comenzó su remodelación.

Actualmente manufactura seis: sales para rehidratación oral, fármacos para enfermedades mentales (Carbamazepine, Fenobarbital, Epamin); Alfametildopa hipertensivo y ácido acetilsalicílico. Fármacos para la tuberculosis (Rifanpicina e Isionacida) no se están fabricando, pues la materia prima está vencida y la producción no cumple con las condiciones requeridas, comentó el trabajador.

La planta, creada hace 20 años, fue reinaugurada en mayo de 2009 por el fallecido presidente Chávez como una “prioridad para el sistema público nacional de salud”. Proyectaba independizar la fabricación de medicamentos en el país y reducir los gastos con tecnología de punta.
Cuatro años después, tanto el Sefar como el MS son demandados por un grupo de organizaciones venezolanas de derechos humanos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir información sobre las irregularidades en la importación, almacenamiento y distribución de medicinas provenientes de Cuba.

La demanda, presentada esta semana por Espacio Público, Provea, Transparencia Venezuela y Acción Solidaria se basa en los informes de 2011 y 2012 de la Contraloría General de la República (CGR) que advierten sobre fallas cometidas bajo responsabilidad del MS y el Sefar. Entre ellas, que se encontraron medicamentos vencidos de uno y hasta seis años en centros de salud del país.

“El Sefar abandonó su objetivo inicial de elaborar los llamados medicamentos indispensables para convertirse en el depósito de compra de los fármacos del Estado destinados a los programas sociales”, afirmó Rafael Orihuela, ex ministro de Salud.

Compras sin control. “Sin planificación”, “sin justificación” y “sin supervisión”. Así describe la CGR en un documento las compras a La Habana, adscritas al Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y Cuba que se inició hace 13 años.

Desde 2010, la CGR ha advertido irregularidades. En un informe especial de ese año se presentan los resultados de una auditoría en la que seleccionó una muestra de 20 contratos de compra de medicamentos y vacunas entre 2005 y 2010, que en total sumaban Bs 1.317 millones.
Las compras fueron realizadas en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela (que inició en 2000), ratifica el documento de Contraloría. Entre 2005 y 2010, el MS suscribió con laboratorios cubanos 30 contratos de adquisición de medicamentos por Bs. 1.547 millones. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR) fue el encargado de ejecutar los recursos.

Entre los resultados de la auditoría, se observó que estas compras no respondían “a un adecuado proceso de planificación y programación, basadas en los requerimientos y necesidades planteadas por los distintos centros de salud o unidades ejecutoras de los programas presupuestarios del ministerio”.

El documento de la Contraloría concluye que las compras de productos farmacéuticos a Cuba entre 2005 y 2010 se efectuaron “sin ningún tipo de planificación y por ende de medicamentos no requeridos por los centros de salud nacionales”. Agrega que la existencia de otros remedios “no justificaban nuevos pedidos e igualmente, no hubo una supervisión efectiva respecto a la ejecución de los contratos”.

Uno de los puntos más significativos de este reporte, que abarcó la investigación del MS y del Sefar, fue el costo adicional que asumió el Estado: debió pagar los gastos administrativos porque los medicamentos pasaron hasta dos años almacenados en la aduana.

Además, Sefar tuvo que cancelar Bs 1.232.202 a la empresa Calderas Serv-Jet, C.A. (cuyas oficinas fueron recientemente embargadas por el Condominio del Centro Plaza, donde estaban ubicadas), por incinerar 566.590 kilos de productos farmacéuticos vencidos, de acuerdo al informe.

Más específicamente, el informe de la CGR detalló los casos de los contratos 087-2005, 015-2006 y 18-2007, por un total de Bs 18 millones, que permanecieron en los almacenes un promedio de dos años y nunca se distribuyeron. Fueron directo de la compra a la incineradora. Muestra de ello son las ampollas del medicamento Diazepam, del cual adquirieron 1.180.000 unidades por Bs 2.283.300 y quemaron 1.108.030, equivalentes al 93,92%. Sólo en este caso se perdieron Bs 2.144.141.

En el área de almacenamiento de epidemiología del Sefar, los funcionarios encontraron nueve cajas con 27.000 inyectadoras de 3 cc, no aptas para el uso humano. “Se encuentran contaminadas de moho, producto de que las láminas del techo de zinc presentan perforaciones, dando paso al agua de las lluvias”.
Odilia Gómez, médica y profesora universitaria experta en salud pública, quien fuera directora del Sefar entre 2005 y 2006, afirma que durante su gestión todas las compras estuvieron sustentadas en las demandas de los programas nacionales de salud. “Los estimados se basan en la incidencia de enfermedades y el cumplimiento de la normativa internacional suscrita por Venezuela”.

Gómez respondió en 2010 a la Contraloría sobre aspectos como compra de tóner y tinta de impresora, contratación de la empresa que elaboró la web del Sefar y proceso de incineración del acumulado de medicamentos vencidos durante 40 años para el cual se siguieron los requerimientos contemplados en la ley de desechos peligrosos y reglamentos internacionales. “Los medicamentos no se pueden eliminar como basura corriente”.

Huele a Pdval

El almacenamiento prolongado de medicamentos representa uno de los puntos que remiten al caso Pdval, cuando se descubrieron contenedores con unas 130 millones de toneladas de alimentos descompuestos entre 2009 y 2010.

En aquella ocasión, de acuerdo con un memorándum confidencial del 7 de abril de 2009, firmado por el entonces auditor general de Pdvsa, Jesús Villanueva, se observó “alimentos nacionacionalizados no despachados” y “deficiencias en los controles de recepción de la mercancía”, entre otros.

En ambos casos, instituciones cubanas también fueron el común denominador. En los alimentos fungieron como asesores del Gobierno y en los medicamentos como proveedores. En el primer caso, fue la funcionaria Bárbara Castillo quien ejerció la secretaria ejecutiva del Centro Nacional de Balance de Alimentos (Cenbal).
Según el informe de la CGR, en el contrato número 087 de 2005 consta que el Estado venezolano adquirió 29 medicamentos genéricos a laboratorios cubanos por un costo de Bs 229 millones. La mayoría de ellos se quedaron atrapados en la aduana por 2 años.

El retraso generó que en gastos administrativos se cancelaran Bs 19,7 millones, entre otras razones, porque en 2006 el dólar se devaluó de Bs 1,92 a Bs 2,15.

Con la suma del costo de los medicamentos y la penalización por costos administrativos (Bs. 248,7 millones)se hubiesen podido construir 2.767 casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela con dos habitaciones y un baño.

La explicación que ofreció el MS sobre esa dilación no fue definitiva. El organismo indicó que podía generarse por “solicitud del ministerio o por incumplimiento de la empresa”. Pero los funcionarios de Contraloría aceptaron la primera respuesta, ya que nunca se presentó un documento explicativo ni se tomaron medidas correctivas

La revisión de estas compras por parte de las autoridades se hizo a duras penas. Según evidencia el informe, “no fue posible constatar la existencia de algún tipo de documento que permitiera verificar que las requeridas compras, tanto en cantidad como en tipo y características de medicamentos, atendiera las solicitudes (de los centros de salud)”, otro elemento más en que coincide con el caso Pdval.

Esta situación generó que 2,61% del total de los medicamentos adquiridos no correspondan a los requeridos en los contratos. Además, el órgano contralor constató que 3% del total de medicamentos superan en 1.405% el total que se tenía previsto comprar.

Por ejemplo, la planificación del MS apuntaba a la compra de 100.000 unidades de Captopril de 25 mg (medicamento para la tensión). Sin embargo, terminaron adquiriendo 1.785.896 unidades; es decir, 1.685,90% más.

Enrique López Loyo, exdirector de Patología del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (que por ley otorga los registros sanitarios de los medicamentos que se comercializan y distribuyen en el país), considera que el desmantelamiento del sistema de control sanitario, que comenzó en 2004, se ha prestado para “la compra de productos farmacéuticos sin supervisión y sin conocer sus reales efectos sobre la salud”. Para la época presidía la institución Jesús Querales Castillo, quien estuvo en el cargo hasta 2010.

“El descontrol fomenta la corrupción. Preocupa la importación de medicamentos a punto de vencerse, con un costo hasta 10 veces menos que el precio original. Muchos lotes han sido adquiridos y al perder vigencia terminan incinerados, otros aún se mantienen almacenados. Forma parte de una red que debe ser investigada”, alerta López Loyo.

Seguimiento

Una de las últimas actuaciones de Clodosbaldo Russián (fallecido en junio de 2011) como Contralor General de República fue la presentación del informe a la Asamblea Nacional (AN), en marzo de 2011, en el que daba cuenta de las irregularidades encontradas por el órgano contralor.

La Contraloría no abandonó el caso. Actualmente se encuentra en la fase de potestad investigativa, paso previo para determinar responsabilidades.
Una fuente cercana al despacho de la contralora Adelina González explicó que se trata de un proceso largo para determinar si hay responsabilidades en el proceso de compra, almacenamiento y distribución de los medicamentos adquiridos.

Se hacen las gestiones para detectar si es que hubo irregularidades entre los funcionarios encargados de la parte operativa.

De llegar a proceder, la Contraloría dictaría una sanción moral o sanciones accesorias como la inhabilitación hasta por 15 años, suspensión del cargo o el reparo.

El diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, explicó que el seguimiento de este caso no sería competencia del órgano legislativo. “La CGR es un poder público y tiene su propio ámbito de investigación y administración”.

La instancia responsable de aplicar los correctivos contenidos en las recomendaciones del informe es la Dirección de Auditoría Interna del MS.

Aunque se intentó una entrevista con la nueva ministra de Salud, Isabel Iturria, hasta el cierre de la edición no se había obtenido respuesta.

Son de La Habana

Las importaciones de medicamentos de Cuba no han parado de crecer en los últimos años. Entre 2006 y 2012, aumentaron 33 veces (de 10 millones de dólares a $364 millones), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El año pasado, la isla se convirtió en el primer proveedor de esta mercancía a Venezuela (ver infografía). Las cifras abarcan tanto el sector público como el privado, pero en el caso del primero dominan las adquisiciones a la isla.

Aunque se registra un récord de gastos del Estado para adquirir productos farmacéuticos cubanos, se evidencia escasez en los centros públicos como uno de los principales problemas del sistema de salud, según un estudio de 2012 de Provea, basado en reportes oficiales.
En los últimos dos años, ha disminuido su distribución. De acuerdo con la Memoria y Cuenta del MS (2011) se colocaron 268.192.945 unidades de medicamentos en la red de hospitales y programas de salud en todo el país; mientras que en 2012 se redujo a 259.976.220. Un descenso de 3,06%.

Existen discrepacias en los números oficiales de importación. Si bien se registró un crecimiento en las importaciones en dólares que recibió Puerto Cabello (la principal aduana del país), no ocurre lo mismo con la cantidad de cargamento. Mientras el INE indica que en 2012 entraron 3.453 toneladas, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello (Ccpc), que maneja los movimientos de Bolivariana de Puertos, Bolipuertos, reporta la entrada de 617,8 toneladas de medicamentos. La diferencia entre ambas cifras es de 2.835 toneladas que no habrían sido reportadas.

Aunque los medicamentos forman parte de los programas del MS, la entidad encargada de consignar la mercancía proveniente de Cuba y que entra por Puerto Cabello es la Fundación Oro Negro (FON) del Ministerio de Petróleo (Minpem) y presidida Ammar Jabbour Tannous.

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