ALD Cronología sobre caso Andorra: El lavado de dinero seguido día a día

Todo comienza el 10 de marzo, justo un día después del decreto de Barack Obama. Cada vez más datos salen a relucir sobre el entramado de corrupción
El centro mundial de la corrupción chavista es un país con una extensión menor a 500 kilómetros cuadrados y con el nombre altisonante de Principado de Andorra. Difícilmente el venezolano de a pie haya escuchado antes sobre este paraíso fiscal entre España y Francia, que saltó a la agenda mediática nacional en 2010 con la detención del excomisario del Cicpc Norman Puerta, acusado de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.
Los papeles de la oficina de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) y las investigaciones de la prensa española han sido determinantes para armar pieza por pieza el caso de lavado de dinero de Pdvsa y de empresas vinculadas a exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez. Todo comienza a principios de marzo, justo un día después del decreto de Barack Obama que sanciona a siete funcionarios del madurismo por violaciones a los derechos humanos.
10 de marzo
Intervienen la Banca Privada de Andorra (BPA). La decisión del Instituto de Finanzas del principado responde a una denuncia del Fincen estadounidense, dependiente del Departamento de Estado, según la cual un gerente de ese banco recibió “comisiones desorbitadas” de intermediarios venezolanos para crear empresas de maletín y lavar al menos 2.000 millones de dólares de Pdvsa. La entidad, en general, movió 4.200 millones de dólares de Venezuela.
El documento del Fincen detalla que están involucrados altos funcionarios del Gobierno, agentes residentes en Panamá y un abogado de Andorra. El gerente de BPA que trabajó para los venezolanos operaba junto a otro oficial encargado de negocios con la mafia rusa. Uno de los lavadores de dinero tenía conexiones con el mexicano cártel de Sinaloa.
11 de marzo
España y Panamá se activan en el proceso de investigación. El Banco Madrid, filial de BPA, resulta intervenido, al igual que la sede de la entidad andorrana en suelo panameño. La superintendencia de este último país observó “potencial imposibilidad de tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes”.
Por primera vez, un opositor venezolano se refiere al caso. El diputado Elías Matta, por el partido UNT, muestra su interés por promover la apertura de una investigación en torno al desfalco de Pdvsa, desde el seno de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN).
12 de marzo
Andorra destituye a todo el consejo de administración y tres directivos de la BPA. El jefe de gobierno del principado, Antonio Martí Petit, anuncia “un paso más” en la investigación e intenta conseguir tranquilidad declarando que las autoridades trabajan para contener los daños por la trama de lavado de dinero en el pequeño país.
14 de marzo
La policía andorrana detiene a uno de los dirigentes de la BPA, Joan Pau Miquel Prats, uno de siete miembros del consejo de administración del banco.
El diputado Julio Montoya explica a los medios la denuncia del Fincen y asegura que “comienzan a aparecer los 25.000 millones de dólares de Cadivi”. Atribuye el discurso de invasión de Estados Unidos a una estrategia del Gobierno para tapar el escándalo de Andorra.
17 de marzo
Publican los primeros nombres de los implicados. El diario español ABC extrae del informe oficial sobre el Banco Madrid una lista de involucrados en el lavado de dinero en la que figuran el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado, el exviceministro de Interior y Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón, el exdirector de Seguridad, Carlos Luis Aguilera Borjas, el antiguo dirigente petrolero Francisco Rafael Jiménez Villarroel y el empresario Omar Farías.
El mismo medio señala que Banca Privada de Andorra señala que BPA y Banco Madrid operaban como verdaderas estructuras para el blanqueo, una afirmación basada en un video en el que un empleado del banco explica cómo se realizaba el lavado a un cliente de la mafia china.
20 de marzo
Queda develado el pago de comisiones multimillonarias por contratos públicos a jerarcas chavistas con cuentas en la filial de BPA en Madrid, tras la publicación de un reportaje por el diario El País de España.
Simultáneamente, el canal español Telecinco pone el foco sobre Diego Salazar Carreño, encargado del área de seguros y reaseguros de Pdvsa y primo de Rafael Ramírez, una pieza clave en la investigación a BPA. Llamadas grabadas por la Guardia Civil demostrarían que el funcionario y sus abogados convirtieron el lavado en evasión fiscal, que no es delito en Andorra, tras el bloqueo de cuentas mil millonarias.
25 de marzo
La AN se niega a debatir el lavado de dinero en Andorra. El diputado Julio Montoya solicitó que se incluyera en el orden del día una discusión sobre el escándalo y solo encontró la respuesta de su homólogo oficialista Pedro Carreño, quien condicionó la apertura de una investigación a la presentación de “pruebas fehacientes”.
Esa misma tarde, la fiscal Luisa Ortega Díaz solicita a la Cancillería que consiga datos sobre los depósitos sospechosos de funcionarios venezolanos en la banca internacional, evitando referirse concretamente al dinero en BPA y el banco suizo HSBC.
31 de marzo
Otra primicia de ABC deja saber que funcionarios venezolanos pudieron retirar dinero de sus cuentas en BPA por falta de pruebas, tras una sentencia del Tribunal Penal de Andorra. Se trataría de Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Carlos Aguilerz y Diego Salazar Carreño.
Mientras tanto, la fracción de Primero Justicia en la AN, encabezada por Julio Montoya, anuncia que las investigaciones parlamentarias se llevarán a cabo internacionalmente. Finalizada la Semana Santa, se espera que una comisión viaje a Panamá y España para obtener pruebas e intercambiar información con legisladores de esos países.
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Julio Montoya: Investigación por cuentas millonarias continuará después de Semana SantaEl caso Banco Madrid ya está en la Fiscalía venezolana. Por primera vez en 15 años, Venezuela investigará un escándalo de corrupción relacionado con antiguos cargos del Gobierno de Hugo Chávez, después de que el diario ELMUNDO destapara, el pasado 16 de marzo, un presunto blanqueo de capitales por parte de, al menos, seis personas vinculadas al chavismo.
Apenas ocho días después de esa publicación, la Asamblea Nacional, el órgano legislativo del país bolivariano, que preside Diosdado Cabello, aprobó la propuesta formulada por el diputado de la oposición Julio Montoya para esclarecer los hechos.
Nunca antes una iniciativa de la oposición fue aceptada en estos términos, llegando de inmediato a la llamada Comisión de Contraloría, similar al Ministerio Fiscal español.
Fuentes conocedoras de esta iniciativa parlamentaria achacaron la decisión a tensiones internas entre Cabello y el presidente de la República venezolana, Nicolás Maduro. No obstante, las mismas fuentes advirtieron de la relación de amistad que existe entre el presidente de la Comisión, Pedro Miguel Carreño Escobar, y Carlos Aguilera Borjas, uno de los implicados en el caso de blanqueo de dinero. En concreto, se trata del ex director de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip). Esto es, el organismo existente antes de que Chávez creara el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido por sus siglas Sebin.
La Comisión de Contraloría tiene la misión de velar por la transparencia de los entes financieros y públicos de Venezuela, además de la fiscalización de la Administración pública en todos sus niveles. Cinco de los seis venezolanos relacionados con el caso Banco Madrid estuvieron vinculados, de manera directa, al Gobierno venezolano.
El citado Aguilera Borjas fue el ex jefe de Seguridad de Chávez. Junto a él, también aparecen en el listado Nervis Gerardo Villalobos, viceministro de Energía; Javier Alvarado Ochoa, ex presidente de Electricidad de Caracas; Diego Salazar Carreño, familiar de Rafael Ramírez, actual embajador de Venezuela en la ONU y ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA); y Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente de la petrolera. El sexto implicado es el empresario de seguros Omar Farías Luces.
Entre los implicados, tres de ellos tienen empresas en España, en las que ostentan cargos de administradores, según consta en el Registro Mercantil. Se trata del ex director de los servicios de Inteligencia, del ex presidente de la compañía eléctrica y del magnate de los seguros, propietarios, respectivamente, de Clab-Consultoría Inmobiliaria, Catalufa Inversiones Inmobiliarias e Inversiones Porbónica.
A excepción de Clab y Porbónica, que fueron registradas en 2007, Catalufa -la empresa de Alvarado Ochoa- se creó hace apenas seis meses, en septiembre de 2014. Ninguna tiene empleados, ni estructura organizativa y tampoco consta actividad reciente. Es más, los depósitos de cuentas de los últimos años no aparecen. Sólo en el caso de Clab, la sociedad de Aguilera Borjas, constan cuentas anuales correspondientes al año 2012, periodo en el que esta empresa obtuvo un beneficio negativo de 4.838 euros, registrando un capital social de 1,7 millones y activos por importe cercano a los dos millones. Clab-Consultoría Inmobiliaria fue creada con un capital inicial de 3.000 euros.
Las tres están registradas como actividad de promoción inmobiliaria. Aunque no están relacionadas entre sí, Inversiones Porbónica comparte domicilio social con una sociedad vinculada a Alvarado Ochoa. Se trata de Clavo y Canela 2000, una agencia de valores, propiedad de la venezolana Ceciree Carolina Casanova Rangel, cuya apoderada es una española, dueña de la empresa Hondalar. Precisamente, esta sociedad tiene su domicilio en Majadahonda, en el mismo lugar que Porbónica, de Omar Farías.
Domicilio social
Este diario contactó con la apoderada de Clavo y Canela 2000 para conocer la relación entre Farías y Alvarado. Su primera reacción fue asegurar que no conoce a Alvarado Ochoa, para después precisar que ambos «no tienen ninguna relación en España». En este sentido, aseguró que conoció a Farías por un amigo personal que estaba casado con una venezolana. «Me dijo que quería invertir en España». «Cuando vienen a España ni se ven ni se conocen, yo no sé si en Venezuela se conocerán», insistió en relación a la vinculación de Farías y Alvarado.
En el domicilio de la capital madrileña donde está registrada Catalufa, la empresa de Javier Alvarado, constan también otras dos sociedades, administradas por la citada venezolana Carolina Casanova. Se trata de la ya mencionada Clavo y Canela 2000, además de Cocuiza. Ninguna de las dos tiene empleados, ni estructura organizativa. Según la apoderada de Clavo y Canela, el piso donde está registrada Catalufa es propiedad de Casanova.
En cuanto a Carlos Aguilera, administrador de Clab-Consultoría Inmobiliaria, su empresa está en un gabinete jurídico del centro de Madrid, gestionado por la abogada española Begoña Gímeno Díaz. Este diario se puso en contacto con la letrada, que justificó la presencia de Clab en su domicilio advirtiendo de que allí sólo llegan las notificaciones dirigidas a esa empresa.

Hace poco más de dos meses, Aguilera Borjas incluyó a un nuevo administrador solidario en su empresa. Se trata de José Manuel Aguilera Rioboo, asistente técnico en Venezuela del consorcio español CSM -Dimetronic, Cobra, Constructora Hispánica y CAF-, encargado de la línea 1 del Metro de Caracas. La adjudicación de este contrato también se investiga en el caso Banco Madrid. Este diario intentó contactar con los tres venezolanos implicados en el caso, pero sólo respondió Omar Farías. En 1998 Hugo Chávez ganó la presidencia de Venezuela. Durante su campaña criticó duramente la corrupción de gobiernos anteriores y prometió erradicarla. Sin embargo, durante los 15 años que lleva el chavismo en el poder no han cesado las denuncias en esa materia. La más reciente provino del Departamento de Estado de Estados Unidos, que aseguró que funcionarios venezolanos blanquearon cerca de 4,2 millardos de dólares en la Banca Privada d’Andorra.   Sobre este caso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, pidió, a través de la Cancillería, la información de las cuentas de los venezolanos en esa institución financiera.   Actualmente Venezuela es considerado uno de los países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Advierte que Venezuela es una de las 14 naciones más corruptas: ocupa el puesto 161 entre 175 países.   En el índice el país solo obtuvo 19 de puntos sobre 100, lo que denota que continúa siendo percibida como una nación con grandes riesgos de corrupción en el sector público. Es el país peor valorado de toda América, solo superado por naciones como Yemen, Libia, Afganistán, Corea del Norte y Somalia.   En 2013 el presidente Nicolás Maduro pidió poderes especiales para legislar contra la corrupción. Sin embargo, de acuerdo con Transparencia Venezuela, lo grave es que no se toman realmente medidas para solucionar la situación. El país ha ocupado lugares similares desde hace nueve años.   Uno de los casos de corrupción más emblemáticos se remonta al año 2007, cuando el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson entró en Argentina con un maletín en el que llevaba 790.550 dólares. Ese dinero supuestamente lo envió Hugo Chávez para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.   Después de 2 años, en 2009, en el terminal marítimo de Puerto Cabello, estado Carabobo, se hallaron 123.725 toneladas de alimentos descompuestos, que debieron ser distribuidos por la red oficial Pdval.   Luego, en 2013, el entonces ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, admitió que por el Sistema de Transacciones con Título en Moneda Extranjera salieron del país 25 millardos de dólares.   En ninguno de esos casos se ha sancionado a los culpables. Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, criticó que no se investiguen denuncias de tales magnitudes, lo que a su juicio evidencia la debilidad institucional del país. “Es inaudito que no se abra una investigación por el lavado de dinero en Andorra. Cuando alguien saca esa cantidad de dinero, implica que muchas personas estaban involucradas y que se gozaba de un gran nivel de discrecionalidad”, señaló.   Aclaró que el problema no es la falta de tecnología para investigar, pues en el país los aparatos de investigación “son estupendos” y están equipados con lo necesario.   La punta del iceberg Desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional se ha pedido investigar los casos de corrupción, pero eso no ha ocurrido.   El diputado Andrés Velásquez, integrante de esa comisión, aseveró que Venezuela se convirtió en una trinchera para la corrupción porque las instituciones encargadas de investigar las denuncias –la propia comisión, la Fiscalía o la Contraloría– no tienen voluntad para hacerlo.   “No hay una determinación de atacar la corrupción porque se caería el gobierno solo. Hay demasiados involucrados del alto gobierno, del medio gobierno y de todos los equipos que tienen. Además, hay muchos militares involucrados”, indicó.   Dijo que los casos que el gobierno se ufana de investigar son insignificantes en comparación con denuncias como las de Giordani.   Uno de los pocos oficialistas castigados por corrupción en Venezuela fue el ex alcalde del PSUV en Valencia, Edgardo Parra, a quien se acusó de montar una red de extorsión a comerciantes valencianos a quienes se exigía grandes sumas de dinero bajo la amenaza de revocarles las patentes de industria y comercio. Eso ocurrió en 2013 y en 2015 Parra salió de prisión con una medida humanitaria.   El ex alcalde denunció en 2013 que las acusaciones en su contra se hicieron por su pretensión de reelegirse como alcalde, algo que no aprobaba el alto mando político del partido.   De Freitas dijo que los delitos de Parra son insignificantes si se comparan con las denuncias recientes, como los 4,2 millardos de dólares que se blanquearon. “6 personas tenían 4,2 millardos de dólares en el exterior, una cifra extraordinaria. Eso es más que el presupuesto de muchos países. Es la punta del iceberg. Pero, lamentablemente, la televisión oficial hace esfuerzos gigantescos para que le gente no se acuerde de eso”, señaló.   ¿Qué hacer entonces? De Freitas responde que la única opción es seguir exigiéndoles a las instituciones cada día. “Las instituciones públicas se mueven cuando los ciudadanos se mueven. Los corruptos no se pueden quedar con el país”, agregó.   Quien fuera testigo de primera línea, Jorge Giordani, admitió hace semanas en la presentación de su libro Encuentros y desencuentros en una construcción bolivariana que la situación está lejos de solventarse: “¡Hay gente que anda robando por allí, en el gobierno! ¡Y sigue robando, carajo! ¿Y entonces? ¿Hasta cuándo?”.

Se fugaron $ 25 millardo.

El entonces ministro de Planificación y Finanzas Jorge Giordani admitió en 2013 que por el Sistema de Transacciones con Título en Moneda Extranjera salieron del país 25 millardos de dólares.   Un año antes, la ex presidente del Banco Central de Venezuela Edmée Betancourt admitió que Cadivi había aprobado 20 millardos de dólares a empresas de maletín.   A raíz de su declaración, Armando León, entonces director del BCV, la sustituyó como único vocero autorizado en el instituto emisor, y ella fue destituida por órdenes de Nicolás Maduro. Betancourt había sido designada días antes de que estallara el escándalo sobre presunta corrupción en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social durante su gestión.   La Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos consiguió suficientes pruebas para incriminar y poner tras las rejas a la ex gerente de finanzas de esa institución y a otras tres personas por el pago de sobornos para transar bonos de la cartera del banco y obtener importantes ganancias. Las sanciones se produjeron fuera de Venezuela.   Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, considera que el control cambiario que existe desde 2003 ha sido la principal causa de corrupción en el país.   “El control de cambio es un antro. Es muy atractivo para un funcionario que tiene en sus manos la decisión de autorizar un dinero. La diferencia entre 6,3 bolívares por dólar y 190, en el caso del Sistema Marginal de Divisas, es tan gigantesca que lo hace muy atractivo. Además, el riesgo que corren es muy bajo. Se pueden comprar muchos silencios con tanto dinero”, señaló.   Al olvido la comida podrida
Otro caso de corrupción que alarmó a la opinión pública venezolana tiene que ver con las 123.725 toneladas de alimentos que se encontraron descompuestos en 2009 y cuya responsabilidad de distribución era de la red de mercados Pdval.   La cantidad de comida que el gobierno admitió que se dañó fue mucho menor: 26.350 toneladas. Sin embargo, El Nacional reveló que a principios de 2009 el entonces ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, recibió un memorando en el que se advertía que se destinaron 2,2 millardos de dólares para la importación de 143.866 toneladas de alimentos, de las cuales solo se distribuyó 14%; es decir, 123.725 toneladas de comida estaban decompuestas o vencidas.   En mayo de 2010 comenzó la investigación y se detuvo a los implicados: el presidente de Pdval para ese entonces, Luis Enrique Pulido, y los directores de operaciones Ronald Flores y Vilyeska Betancourt. A principios de 2012 fueron liberados porque pasó un año sin que se iniciara el juicio.   Neidy Rosal, diputada del Consejo Legislativo de Carabobo, dijo que en febrero de 2011 se consignó una nueva denuncia por hallazgos de alimentos descompuestos (mortadela) en un depósito de Pdval en Guacara, en su entidad.   ¿Qué pasó con esos casos? Rosal explicó que no se ha castigado a los responsables y que, en lugar de eso, se premió al que era entonces ministro de Alimentación, Carlos Osorio, a quien Hugo Chávez destituyó, pero que Nicolás Maduro ratificó en el mismo cargo la semana pasada.   Además, a la investigación se le aplicó la “operación morrocoy”, denunció Rosal: “La investigación está en el tribunal 30 de control de Caracas esperando sorteo del tribunal para iniciar el juicio. Pulido, Flores y Betancourt siguen libres, esperando que se inicie el juicio. Exigimos a la Fiscalía que inicie el sorteo”.   La Cifra
161 es el puesto que ocupa Venezuela entre 175 naciones dentro del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Es el país con peor evaluación en América.    RunRun

ElMundo/esVersiones de prensa dan detalles adicionales a señalamientos de lavado de dinero de venezolanos con el concurso de Banco Madrid, filial española de Banca Privat d´Andorra. Del informe del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), las irregularidades detectadas giran alrededor de contratos públicos otorgados a empresas españolas y pago de comisiones a funcionarios públicos.
El Sepblac da cuenta de contratos sospechosos otorgados por C.A. Metro de Caracas a un consorcio de compañías por US$ 1.850 millones, por los cuales se pagaron US$ 90 millones, equivalentes a 4,89%) en comisiones a Carlos Luis Aguilera Borjas, director del (hoy) Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
De las contratistas consorciadas, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF),Constructora Hispánica, Demetronic y Cobra, esta última estaba anteriormente en relaciones con el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías a través de importantes contratos de material militar y represión de manifestaciones, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El entonces presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, fue uno de los imputados en el “caso Gürtel”, un escándalo de corrupción destapado en 2007 que sigue vivo hoy en día en varias ramificaciones y ha causado severos daños al Partido Popular deMariano Rajoy Brey.
Las compañías españolas crearon una compañía venezolana, Servicios para Metro (Semeca), en la cual el hombre de confianza de Chávez participaba al 40%.
Según las investigaciones del Sepblac, “concurren indicios de blanqueo de capitales”; se critica que Banco Madrid no hubiese practicado medidas preventivas de los movimientos de Aguilera ni hubiese participado los indicios a las autoridades. Vea noticia desarrollada en El Mundo
N.D.- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles es citada casi siempre como CAF, causando así la posibilidad en medios latinoamericanos de confundir la sigla con la del ente financiero multilateral basado en Caracas, financista frecuente de obras de infraestructura
El servicio Antiblanqueo ha descubierto en Banco Madrid contratos sospechosos de empresas españolas con el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez que pueden suponer hasta 90 millones de dólares en comisiones a cambio de su ayuda en la súper obra del Metro de Caracas.
El presidente venezolano terminó adjudicando el proyecto a un consorcio español formado por CAF, Constructora Hispánica, Cobra y Dimetronic por valor de 1.850 millones de dólares y las comisiones pagadas fueron del 4,8% del total.
En el informe del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) remitido a la Fiscalía consta que las cuatro empresas españolas no sólo estaban unidas en el consorcio que logró la multimillonaria rehabilitación del metro de la capital venezolana.
También tenían otro nexo, el de contar con un mismo socio para “asesoría”, “apoyo comercial” o “representación”, un mismo comisionista para que las ayudara a conseguir el contrato.
El agraciado era la empresa Tecnotren de Venezuela, que tiene como importante accionista, -con un 40% del capital- a un cliente de Banco Madrid, Carlos Luis Aguilera Borjas. Como ya publicó EL MUNDO el pasado lunes, se trata del ex jefe de los servicios de Inteligencia e incluso ex guardaespaldas personal de Hugo Chávez en la pasada década.
Alianza con Tecnotren
En la filial española del banco andorrano BPA consta que tanto Constructora Hispánica, como Cobra y Dimetronic, firmaron por separado contratos con la empresa de Aguilera en la que le garantizaban un 4,8% de comisión de lo que consiguieran en el contrato del Metro de Caracas. No aparece también el contrato de CAF, pero sí consta que la constructora vasca tenía también firmada una alianza con Tecnotren.
Si pagó la misma comisión que las otras tres, la empresa de Aguilera puede haber cobrado hasta 90 millones de dólares. Sin el concurso de CAF habría ingresado cerca de 50 millones.
Además, estas compañías españolas tenían también formada una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otra empresa venezolana, Servicios para Metro (Semeca), también participada al 40% por Aguilera.
“Llama la atención, entre otros factores, que las tres empresas -teniendo objetos sociales diferente- elijan al mismo consultor y que en los tres casos se elija una retribución variable y no fija, siendo además idéntico el porcentaje de remuneración”, se afirma en el informe del Sepblac que obra en poder de este periódico.
Según los especialistas, estos contratos se firmaron entre octubre de 2007 y junio de 2008. El 3 de octubre de ese año, el consorcio español logró el contrato del metro, arrebatándoselo a un rival francés.
En aquellas fechas, al frente del Gobierno estaba en España José Luis Rodríguez Zapatero. Las relaciones comerciales con Venezuela eran potentes. De hecho, el Ministerio de Defensa, a cuyo frente estuvo José Bono hasta 2006, había formado importantes contratos con el Ejecutivo venezolano para la venta de material militar.
Cobra pertenecía ya en esa época a la constructora ACS y Constructora Hispánica estaba presidida por Alfonso García Pozuelo, ahora imputado por el caso Gürtel.
Pago de comisiones
El pago de estas comisiones se une al ya publicado por este diario con respecto a Duro Felguera. La empresa asturiana, que registró ayer una fuerte caída en Bolsa, pagó 50 millones al ex viceministro de Energía del régimen de Chávez, Nervis Villalobos, por prestar «asesoría oral» en el contrato de construcción de una central de ciclo combinado en Venezuela por valor de 1.500 millones de dólares.
Aguilera era cliente de Banco Madrid y al Sepblac le ha llamado la atención en especial porque recibió, en agosto de 2013, una transferencia desde Suiza de 600.000 euros y remitió a EEUU 87.973 dólares semanas después.
Indicios no comunicados
En opinión de los investigadores, «concurren indicios de blanqueo de capitales» y critican que Banco Madrid ni aplicó un examen especial a Aguilera ni comunicó al Sepblac tales indicios.
Pero no sólo los apellidos de Aguilera y de Villalobos aparecen en el informe del Sepblac sobre dirigentes del anterior régimen venezolano de Hugo Chávez.
También del aparato de Seguridad de Chávez es otro cliente de Banco Madrid, el ex viceministro Alcides Rondón.
Es uno de los casos en los que la entidad incumplió, según los investigadores, su obligación de realizar un examen especial, tal y como establece el artículo 52.1 g de la citada Ley de 2010.
Es el mismo caso de Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente de la petrolera PDVSA, también cuando era presidida por Rafael Ramírez. Esta gigantesca empresa venezolana, clave para la economía de su país, figura de forma destacada en el informe estadounidense como importante plataforma de fondos.
Pero además de vínculos con el anterior ejecutivo venezolano, en las pesquisas figuran también importantes movimientos de tramas criminales relacionadas con la mafia china (operación Emperador) o con la rusa (operación Clotilde).
El informe elaborado por los especialistas del Banco de España se encuentra ya en manos de la Fiscalía, que ha decidido abrir unas diligencias previas.
El guardaespaldas de Hugo Chávez
El hombre de la seguridad.
Un militar de la máxima confianza de Hugo Chávez. El que fuera presidente venezolano confiaba a ojos ciegos en él. No en vano, Carlos Luis Aguilera había sido uno de sus guardaespaldas, del primer cinturón de seguridad, cuando llegó al poder tras las elecciones de 1998.
Pertenecía a su guardia de corps. Aguilera participó junto a él en el fallido golpe de Estado que dio el chavismo antes de alcanzar el poder. Cursó estudios de Ingeniería en Sistemas (aunque no los acabó). Fue el último director de la Disip antes de que se creara el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Llegó a estar también al frente de la dirección de Relaciones presidenciales y ocupó la cartera de viceministro de gestión Comunicacional al Ciudadano.
Aunque ni es residente en España ni tiene doble nacionalidad, el que fuera gerifalte del chavismo señaló como dirección una vivienda de Pozuelo (Madrid). / F. L. / C.El escándalo en Banca Privada de Andorra (BPA) y sus filiales por susupuesta colaboración con el blanqueo de dinero del crimen organizado ha obligado a las autoridades del Principado y españolas a imponer un corralito temporal en el grupo financiero.
Ante la fuga de ahorros que venía sufriendo desde su intervención la semana pasada, los tres administradores provisionales de Banco Madrid designados por el Banco de España decidieron ayer solicitar el concurso de acreedores y suspender la operativa de la entidad hasta que el juez decida sobre el futuro del banco. Así, y en la práctica, hasta entonces quedan bloqueados los depósitos, fondos de inversión y sicavs gestionados por Banco Madrid.La investigación abierta tanto en Andorra como en España ha puesto de manifiesto, según fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC, que «el blanqueo estaba institucionalizado en estas dos entidades financieras; es decir, funcionaban como auténticas estructuras de lavado de dinero», lo que añade más gravedad a este complejo caso.
Tres grupos
Se han detectado tres tipos de clientes con responsabilidades muy distintas.
El primero, formado por individuos de la delincuencia organizada que usaban los dos bancos para blanquear enormes cantidades de dinero; un segundo, al que las entidades «facilitaban» las herramientas y los soportes necesarios para defraudar, y un tercero, el de la mayoría, que utilizaba Banco Madrid para los fines legales que son propios del negocio de la banca privada, como es la realización de inversiones con el dinero de los depositantes.
Sin embargo, entre el segundo y tercer grupo de clientes puede haber algunos cuyo dinero ha sido movido de forma irregularpor el banco a espaldas de los interesados, lo que puede suponer responsabilidades para ellos, «no necesariamente de carácter penal».
En este momento, por tanto, aún es pronto para saber cuántas personas están realmente implicadas en este caso, si bien las fuentes consultadas por ABC las sitúan, en este momento, en torno a la decena en lo que se refiere solo a Banco Madrid. Por la misma razón tampoco se facilitan identidades, si bien ha trascendido que se investiga una sicav relacionada con la familia Carceller, propietaria de la cervecera Damm, aunque es pronto para atribuir responsabilidades concretas. Tanto Demetrio Carceller Arce como Demetrio Carceller Coll -padre e hijo- se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo día 23 de junio.
El segundo se enfrenta a 14 años de prisión por cuatro delitos fiscales y otro de blanqueo.
Las investigaciones han podido demostrar, incluso documentalmente, que el blanqueo en la BPA estaba institucionalizado. De hecho, España ha enviado al Principado un vídeo en el que empleados de la entidad explican con todo lujo de detalles la operativa de lavado a uno de sus clientes del crimen organizado, en concreto a Weijun Jang, cuñado de Gao Ping, jefe de la mafia china desmantelada por la Policía en la operación Emperador.
Además está la declaración de Rafael Pallardó, que blanqueaba en Andorra dinero para la misma trama. Este imputado confirmó ante las autoridades del Principado que lo que se ve en las imágenes era práctica habitual y existen además sus agendas, en las que junto al nombre de «J. P. Miquel» -se trataría del consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, desde la madrugada de ayer en prisión en el Principado- figuran anotadas lo que parecen ser comisiones, que oscilarían entre los 500.000 y 600.000 euros.
Conexión venezolana
Respecto a investigación abierta en Andorra y la aparición en ella de tres exviceministros venezolanos, el exjefe de inteligencia de ese país y un ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA, las fuentes consultadas precisan que esa investigación parte del Principado, desde donde se pidió información a España.
La razón es que en el sumario abierto contra el capo de la mafia rusa Andrei Petrov aparecieron esas conexiones y, de hecho, se libró la correspondiente comisión rogatoria.También aparecían Santiago de Roselló y Xavier Campos, directores generales adjuntos de BPA destituidos, como blanqueadores de Petrov a través de la entidad bancaria.
Ayer, la agencia Reuters aseguraba que las autoridades norteamericanas habían cifrado en 4.200 millones de dólares el dinero procedente de Venezuela que ha sido movido por BPA. No obstante, aún no hay una estimación global del volumen de dinero que se ha blanqueado tanto desde esta entidad como desde Banco Madrid.
«Deterioro»
Sobre la decisión de imponer un corralito, el Banco de España explicó que «responde al fuerte deterioro de la situación financiera de Banco de Madrid como consecuencia de las importantes retiradas de fondos de clientes que se han producido y de los últimos acontecimientos conocidos, que han afectado a su capacidad para hacer frente al cumplimiento puntual de sus obligaciones».
Todos los depósitos hasta 100.000 euros están cubiertos por el Fondo de Garantía, que se hará efectivo una vez el magistrado admita a trámite el concurso de acreedores.
En esa línea, Andorra limitó a 2.500 euros las retiradas semanales de dinero en BPA, matriz de Banco Madrid, y en cuyas sucursales del Principado ayer se formaron colas y esperas. Horas más tarde, en España, la CNMV extendía el corralito y suspendía el reembolso y traspaso del patrimonio en fondos de inversión y sicavs gestionados por la entidad.
E Interdin Bolsa Sociedad de Valores, filial de Banco Madrid, solicitó su intervención al supervisor bursátil, bloqueando el reembolso de saldos de clientes.
El consejero delegado admite los hechos
P. MUÑOZ, C. MORCILLO MADRID
Joan Miguel Pau, exconsejero delegado de BPA, está en la prisión del Principado desde la madrugada de ayer, cuando acabó su declaración ante la juez. Con la Policía no abrió la boca, pero ante la instructora se derrumbó por la contundencia de las pruebas que puso ante él el fiscal general del Principado, Alfons Alberca. Joan Miquel Pau admitió las prácticas de blanqueo y su testimonio abre la puerta a más imputaciones.
También en clave judicial de Andorra, hay que destacar que hay otras dos órdenes de detención dictadas: la de una ciudadana china que hace tres años que no vive en el Principado y la de un gestor que dijo que se presentaría en cuanto regresara de Madrid, lo que aún no ha hecho. Por otra parte, la Policía hizo ayer el volcado de información de los ordenadores de la sede de Banco Madrid, en Capitán Haya 23.
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La crisis bancaria abierta en el Principado de Andorra tras la denuncia del Departamento del Tesoro de EEUU, sobre supuestas prácticas de blanqueo de capitales en Banca Privada de Andorra (BPA), amenaza con provocar una concentración del sector en el país vecino. La entidad investigada podría desaparecer.
Ni el Govern de Andorra ni las autoridades de su sector financiero creen que BPA, que fue intervenida por el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), salga indemne de las pesquisas para determinar sus directivos han intervenido en operaciones de lavado de dinero del crimen internacional, según informa La Vanguardia. Así, explica el medio que debe abrirse un proceso de concentración en la banca del país pirenaico que acabe con la desaparición de BPA y la absorción de su negocio por parte de otras entidades del Principado.
60 días tiene de plazo la entidad intervenida para defenderse de las acusaciones de la unidad de Delitos Financieros del Tesoro estadounidense (Fincen por sus siglas en inglés). Pero hay escasa confianza de que la investigación se resuelva sin una sanción y, según fuentes citadas por la cabecera del Grup Godó, de ser así “la entidad terminará por no valer nada”. La misma fuente bancaria cuenta al medio que “la experiencia histórica nos dice que los bancos que han sufrido investigaciones de estas características acaban por desaparecer”.
Asimismo, como indica El Confidencial, otro riesgo es que EEUU congele las cuentas de corresponsales en el extranjero de BPA, lo que provocaría el colapso de la entidad. Por ello, el medio apunta a que el plan podría ser que el tercer banco del país pase a manos de Crèdit Andorrà.
Podría abrirse un proceso de concentración en la banca andorrana que acabe con la desaparición de BPA
INTEGRACIÓN DEL BPA EN OTROS BANCOS
Desde el Govern del país se apunta que lo normal en estos casos es que haya una absorción por el resto del sistema bancario, aunque no se mojan e indican que todavía no se sabe qué va a pasar. Aunque tanto las autoridades como los banqueros del país tienen claro que está en juego el prestigio de la plaza financiera de Andorra en sí, con lo que la respuesta debe ser contundente.
Durante una comparecencia ante los medios, el ministro de Economia i Finances andorrano, Jordi Cinca, insinuó cual podría ser el futuro de BPA: “el sistema financiero mundial cada vez tiene menos instituciones, pero más fuertes. En Andorra hay cinco entidades y ya ha habido intentos de concentración que no han fructificado”. Y añadió: “El Govern verá bien todo lo que ayude a fortalecer al sistema bancario”.
PASOS A SEGUIR: INTERVENCIÓN, EXPEDIENTE REGULADOR DEL INAF E INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA
Por ahora, el estado de la entidad es que se encuentra intervenida, pero no se han tomado medidas contra ninguno de sus directivos, dada la ambigüedad del comunicado de las autoridades estadounidenses sobre las responsabilidades de “altos cargos”. Si bien indica que estos directivos de BPA habrían recibido suculentas comisiones del crimen internacional a cambio de operaciones de lavado de dinero, no aporta datos claros, según indicó la directora del INAF, María Cosan.
En INAF podría acabar asumiendo todo el control de la entidad
No obstante, este organismo sí ha iniciado un proceso sancionador a BPA instruido conjuntamente con la Unidad de Intervención Financiera (UIF) y las acusaciones del Tesoro de EEUU han sido puestas en manos de la Fiscalía. Asimismo, El Confidencial señala que se valora elevar el grado de intervención en la entidad asumiendo todo el control y relevando a la cúpula actual.
Desde el Govern lo han dejado claro: no descartan tomar más medidas y han insinuado que las decisiones se pueden precipitar en las próximas horas o días. Las presiones de la banca son máximas ya que no quieren esperar de brazos cruzados a la resolución del Tesoro de EEUU.

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