Angel Alberto Bellorin Mas sobre la sentencia del fulano decreto de Poderes para Maduro por el TSJ

Angel Alberto Bellorín<angelalbertobellorin@gmail.com> “EL GOBIERNO DE LOS JUECES”…El título es lo que menos importa de este condensado escrito, aunque le quedaría bien, “LOS JUECES DEL HORROR, pero sonaría similar a “Los juristas del horror” de Ingo Müller, o también la sugerencia deJoaquin Chaffardet , “LOS JUECES DEL GOBIERNO”. Yo sigo insistiendo: El órgano que en Vzla desde el año 2004 representa al poder judicial se llama “EL TSJ DEL PSUV”

El escrito adjunto es de gran calidad, sin embargo me permito una observación que he venido haciendo al respecto. Para poder sentenciar esa “Barrabasada” de resucitar el decreto de emergencia, la oficina legal del Psuv, tenía que desaplicar (no anuló) el articulo 33 (o 34 ¿ ?)de la Ley de Estados de Excepción. Ese Artículo ordena lo siguiente:

“la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento, si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado de excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia”

Esta desaplicación, mediante un incomprensible “control difuso” por parte de una súper-sala con competencia para el “control concentrado” de la constitucionalidad de las leyes, fue ordenado en esa sentencia nro. 7 del 11 de Feb del 2011, de la siguiente forma:

“4.- Se DESAPLICA, en ejercicio del control difuso de la Constitucionalidad, conforme a lo ordenado en el artículo 334 del Texto Fundamental, la disposición contenida en el artículo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001”
Ahora bien, ni la sentencia, ni varios de los autores que la critican, se han paseado por la Exposición de Motivos de la Constitución, que por ser el espíritu propósito y razón del constituyente para el análisis e interpretación, en este caso de los Artículos 337 al 339, relativos a los “Estados de excepción”, sustentan la redacción del convenientemente “desaplicado “artículo 34 de la Ley respectiva. Lean ustedes y saquen sus propias conclusiones de esta cita textual:

“En segundo término; dada la trascendencia de la decisión correspondiente, se prevé la intervención de los tres Poderes clásicos en la declaración de los estados de excepción: en virtud de la urgencia que los caracteriza, se faculta al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para dictar el Decreto respectivo, PERO SE PRESCRIBE SU REMISIÓN A LA ASAMBLEA NACIONAL, LA CUAL, COMO INSTANCIA DELIBERANTE Y REPRESENTATIVA POR EXCELENCIA DE LA SOBERANÍA POPULAR, PUEDE REVOCARLO SI ESTIMA QUE LAS CIRCUNSTANCIAS INVOCADAS NO JUSTIFICAN LA DECLARACIÓN DE UN ESTADO DE EXCEPCIÓN O SI CONSIDERA QUE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA HACERLE FRENTE SON EXCESIVAS. Si la Asamblea Nacional se encuentra en receso al dictarse el decreto correspondiente, éste debe ser remitido a la Comisión Delegada, la cual ejercerá las facultades respectivas.

A LO ANTERIOR SE SUMA UN CONTROL JUDICIAL AUTOMÁTICO ATRIBUIDO A LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, LA CUAL HABRÁ DE PRONUNCIARSE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD O NO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO QUE LO DECLARÓ, A MENOS QUE LA ASAMBLEA NACIONAL, O LA COMISIÓN DELEGADA, HAYA REVOCADO PREVIAMENTE ESE DECRETO. Por otra parte, se otorga al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea Nacional la atribución de revocar el decreto que haya declarado un estado de excepción, al cesar las causas que lo motivaron”. (Fin de la cita, el resaltado es mío)

Claro, como todos vimos, la Sala Constitucional en expedita sentencia, antes de la decisión de la Asamblea Nacional declaró precipitada y extemporáneamente la constitucionalidad del Decreto, olvidando el pequeño detalle que debía esperar el fallo del Poder legislativo ya que si este lo revocaba, (“a menos que la asamblea….), a tenor de lo anterior, tal pronunciamiento no era necesario.
A estos magistrados solo les faltó en su torpe y enjundiosa sentencia, decidir que esta Exposición de Motivos también es “inconstitucional”.

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