Ante decisión de la inconstitucional Constituyente Declaración del Grupo de Lima

Los Cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia, reunidos en la Ciudad de Santiago de Chile, el 23 de enero de 2018, con el fin de seguir evaluando la situación en Venezuela:

1.Rechazamos la decisión del Gobierno de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno y la oposición.

2.Exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda, incluida la participación de observadores internacionales independientes. Unas elecciones que no cumplan éstas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad.

3.Condenamos los actos de violencia, con la consecuente pérdida de vidas humanas, y exhortamos al Gobierno venezolano a adoptar con urgencia medidas para garantizar el Estado de Derecho, los derechos fundamentales de las personas y recuperar la paz social. Asimismo, demandamos una investigación imparcial sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

4.Destacamos las acciones individuales y colectivas de diversos actores de la comunidad internacional para alentar el pronto retorno a la normalidad democrática en Venezuela. En particular, la iniciativa y el liderazgo del Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, para convocar a un diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana.

5.Reiteramos nuestro pleno respaldo a la Asamblea Nacional, democráticamente electa, y exigimos que se le restituyan los poderes que legítimamente le corresponden, como paso indispensable para el retorno de la democracia en ese país.

6.Reafirmamos la carencia de legitimidad y legalidad de los actos emanados de la asamblea nacional constituyente y condenamos las medidas que ha adoptado y que han resultado en la profundización del conflicto social y en el menoscabo de las libertades en Venezuela.

7.Condenamos que se mantengan presos políticos en Venezuela, cuya liberación sin condiciones es un requisito indispensable para la pacificación del país.

8.Deploramos que a pesar de que la situación humanitaria sigue empeorando en Venezuela, el Gobierno venezolano continúa renuente a aceptar ayuda humanitaria, lo cual se refleja en el agravamiento de los índices de desnutrición infantil, el desabastecimiento de alimentos y medicinas y el resurgimiento de enfermedades que habían sido erradicadas. Reiteramos nuestra voluntad para prestar ayuda.

9.Expresamos nuestra profunda preocupación por el éxodo de miles de venezolanos que, por la crisis humanitaria en ese país, cruzan las fronteras cada día y reconocemos el desafío que esta situación representa para los países de la región, en especial para sus vecinos, incluyendo los Estados del Caribe. Nos comprometemos a ampliar e impulsar acciones de cooperación internacional para el fortalecimiento de las capacidades de los países de la región, e instamos a la comunidad internacional, especialmente al Sistema de Naciones Unidas, a apoyar estos esfuerzos.

10. Continuaremos dando seguimiento permanente a la situación en Venezuela y nos reuniremos cuando sea necesario.

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