Dr. Ángel Alberto Bellorín: ANTEJUICIO DE MÉRITO Y CONTROVERSIA SEMÁNTICA

Con satisfacción finalicé de leer en este momento un breve pero sustancioso artículo de opinión, cuyo solo título abarca la amplia gama de criterios sobre un tema del que escribí recientemente.
El artículo “Divergencias en torno a un antejuicio de mérito controversial “de José Luis Centeno, sintetiza en su párrafo inicial, “ese anhelo indiscutible”, casi irracional antes con Chávez, ahora con Maduro, por parte de los adversarios políticos a sus “desgobiernos” como la causa fundamental de tanta incoherencia.
Y es que siempre me ha causado repulsión la incoherencia, y fue esa repulsión la que motivó mi escrito anterior, duramente atacado y gentilmente citado por el Sr Centeno.
En las referencias señaladas en ese escrito de mi autoría sobre la ilegitimidad Constitucional del llamado “TSJ en el exilio “ se demuestra que desde el 2010 estoy escribiendo y publicando sobre el tema relativo al “deber ser” de la conformación del Tribunal Supremo de Justicia.
Ésta, que incluye acciones concretas como un Recurso de Amparo ante el TSJ en el 2010, una denuncia penal en el 2013 engavetada por la otrora chavista fiscal general y hoy tigresa opositora acusadora, y un Recurso de Nulidad ante la Sala Constitucional en Dic del 2015, justo 15 días antes que Diosdado y su combo, desde la moribunda Asamblea Chavista, jubilara atropelladamente a varios magistrados para nombrar arbitrariamente a otros sin mérito real.
Todas esas solitarias iniciativas durmieron el sueño de las gavetas pero lo más grave, que todas ellas entregadas personalmente en varias reuniones fueron también obviadas por la LEGÍTIMA ASAMBLEA NACIONAL (solo legitimidad de origen) que, al mando de Ramos Allup inició en enero del 2015 una etapa de nuevas esperanzas frustradas, al poco tiempo por torpeza, ineptitud, complicidad, combinaciones de las anteriores o todas ellas juntas.
Esas acciones fueron realizadas para contribuir a tratar de evitar JURIDICAMENTE lo que hoy politicamente ocurre. y en esos documentos pertinentes y oportunos en su momento, están expresados contundentemente suficientes argumentos para que la Asamblea Nacional las hubiere utilizado desde su inicio en su labor esencial que es la de legislar.
No fue así y a paso de vencedores, antes las certeras y desvergonzadas maniobras del ilegítimo gobierno, nuestra legítima Asamblea Nacional, (de origen) se fue deslegitimando en su ejercicio.
Siempre he afirmado que la racionalidad no es exclusividad de ninguna profesión y que la interpretación racional de la Constitución no puede ser un monopolio de los abogados, sin embargo, hay actuaciones, comentarios y decisiones de muchos colegas, que sin importar de qué bando político provienen, dan vergüenza
Pero como no todo puede ser malo, debo dejar constancia de la sutil sugerencia del Dr Duque Corredor, citada también en el valiente y brillante escrito de Centeno Salas, donde recomienda ponderar la decisión del TSJ en el exilio “con criterios no formalistas ni de perfección jurídica”.
Acepto mi falta de delicadeza en la redacción de algunas de mi opiniones y al tratar de ser directo, mis argumentos pudieran no ser tomados en serio, pero lo que escribe el reputado Dr. Duque Corredor coincide plenamente con mi humilde opinión y nos obliga racionalmente a entender que en casos extremos LA PRIORIDAD DE LA REALIDAD debe privar sobre EL DERECHO POSITIVO en provecho de la justicia .
En Venezuela, con la Instalación de la Asamblea Constituyente murió la Constitución de 1999 y se acabó el Estado de Derecho; por tal razón ya el problema dejó de ser jurídico, y como problema político debe ser tratado, entendido y justificado, y así lo dejo ver en mi escrito anterior que generó reacciones fanáticas de los que “Anhelan ver a Maduro preso”
Lo que se sale del ámbito político e invade el ámbito de la ética, y en especial la deontología es que a ese excelente mecanismo de presión política y sobre todo internacional, que constituye el llamado TSJ en el exilio, se intente desesperada y torpemente de barnizarlo de carácter jurídico y de legitimidad de origen.
Es indiscutible, a tenor del 350 Constitucional el objetivo político de ese pretendido tribunal para intentar (supuesto probable) salir con apoyo internacional de la severa crisis política, social y económica, en un país donde el Estado de Derecho y de justicia fue asesinado, con el mismo argumento que esgrimen muchos de los opositores, para tratar de otorgarle carácter jurídico y legitimidad de origen al TSJ en el exilio, vale recordar: “por el bien de la patria”
Para concluir, los invito a la lectura del párrafo de un reciente escrito de Fernando Mires, quien a pesar de no ser venezolano está muy cercano a nuestra realidad en sus múltiples y certeros escritos , siendo este muy apropiado para un ejercicio de racionalidad y de silogismo básico:
“Efectivamente: la AC (Asamblea Constituyente) es ilegítima porque es inmoral y es inmoral porque es anti-constitucional. De eso no cabe la menor duda. Pero esa AC pertenece a la dictadura. Y toda dictadura, precisamente porque lo es, lleva a la política a un borde que limita con la guerra. Toda dictadura es militar. Y para toda dictadura la política es una práctica que se rige por la lógica militar, práctica dirigida al exterminio del adversario. Bien, esa lógica no la impuso la oposición, que es política por excelencia. La impuso la dictadura. La impuso desde el momento en que creó a la AC para exterminar a la AN y a la oposición a la vez”.
Dr. Ángel Alberto Bellorín

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