Fiscal General pide revisar Estatuto de Roma

   Luisa Ortega Díaz presentó en el I Congreso Internacional de Derecho Penal que se desarrolla en el Tribunal Supremo de Justicia, la ponencia “De la función jurisdiccional de la Corte Penal Internacional”,  en la cual denuncia que ese alto tribunal ha perdido su autonomía, independencia e imparcialidad por estar supeditado al mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.

   Añadió que el Consejo de Seguridad tiene la potestad de calificar cualquier acto como agresión o no, para que el Fiscal de la Corte pueda iniciar la investigación.

   Esa subordinación, alertó, constituye una violación a los principios de independencia e imparcialidad, que deben primar en el ejercicio de las funciones de todo órgano jurisdiccional, nacional o internacional.

   Eso podría perjudicar a aquellas personas que pertenezcan a un país de los considerados más débiles, alejados de los centros del poder mundial y una protección a los que se encuentran más cerca de ese poder.

   Especificó que el pronunciamiento previo que debe emitir el Consejo de Seguridad, podría constituirse en una justicia selectiva mediante criterios de poder en relación con la nacionalidad de las personas a ser juzgadas, lo que traería como consecuencia la deslegitimación del ente jurisdiccional y que la Corte Penal Internacional establece responsabilidades penales y sanciones contra personas, no contra Estados, por lo tanto son aplicables a esos casos todos los acuerdos y convenios internacionales que contemplan una serie de derechos y garantías para el enjuiciamiento de las personas, entre los que se incluyen la imparcialidad e independencia del juzgador.

   Por eso, señaló, en el caso de Venezuela, la Carta Magna, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen características que corresponde a órganos de administración de justicia democráticos, los cuales son perfectamente aplicables a la Corte Penal Internacional, tribunal encargado de administrar justicia en aquellos casos en que se presume un crimen de agresión, lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

 

 

 

 

 

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