Gonzalo Oliveros Barra Plural 434  Justicia o venganza

Cuando se empieza a pensar en la salida a un conflicto y no hay vencedores formales en el mismo, uno de los temas que obviamente es motivo de interés para ambas partes es el concerniente a la justicia.

Seguramente alguno de los que se cree vencedor, querrá que todo el peso de la ley caiga sobre quien a su juicio vulneró el ordenamiento jurídico. La otra parte, que repito, no ha sido vencido, porque no hubo admisión de su derrota, por el contrario manifestará que su conducta estuvo ajustada a derecho.

Esa situación habrá de plantearse en Venezuela en algún momento. Unos aspiraran justicia y con razón. Otros y veremos que lo sostendrán  a todo pulmón, afirmarán  que no hay tal cosa. Que lo que se aplicará es venganza.

Uno, que está consciente de que eso ocurrirá piensa entonces que hay que diseñar  alternativas que, si bien no habrán de satisfacer los deseos de los radicales de  ambas partes, lleven a las víctimas que, en el fondo lo fue todo el país, tranquilidad de espíritu.

Dentro de los acuerdos suscritos por el gobierno de Colombia y las Farc, está el “Sistema de Justicia Especial de Paz”. Con arreglo a élla se creó un órgano judicial que conocerá de los hechos ocurridos durante el conflicto colombiano, para todos aquellos que decidan someterse a su jurisdicción, con penas diferentes a las ordinarias.

Obviamente, que el sistema es más favorable que el ordinario, lo cual ha generado discusiones en este país al respecto. Lo cierto es que, en el caso venezolano, si a través de un sistema como ese se logra determinar las responsabilidades individuales y personales, de órganos del estado, personeros de este y particulares, por todos los hechos políticos ocurridos en Venezuela desde Febrero de 1999.

Y ello, genera reingreso de recursos para el erario público que impliquen reinversión en educación, salud, seguridad e infraestructura, todos los agradeceríamos.

Alguno seguramente pedirá cárcel y mas cárcel. Admito que yo cambio la cárcel por reintegro de lo birlado al patrimonio público más inhabilitaciones.

Lo ocurrido en Venezuela  obliga a impartir justicia creíble para todos. Sobre eso hay que trabajar. Para variar, la dirigencia política tiene la palabra.


Gonzalo Oliveros Navarro,

magistrado TSJ-AN

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