Inadmisible acción contra Ley de Costos

    El TSJ declaró inadmisible la acción de protección de derechos difusos y colectivos formalizada por Roberto León Parilli, presidente de Anauco Usuarios de Bienes y Servicios,  contra el Presidente de la República, el Vicepresidente y  varios ministros, “por la seguridad alimentaria  frente a un conjunto de medidas adoptadas por distintos órganos y entes encargados del ejercicio del Poder Público”.

   En su fallo dice la Sala Constitucional que la demanda está dirigida contra distintos órganos del Poder Público, para que se adopten medidas para el control de precios de los alimentos declarados de primera necesidad¸ la revisión de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y  Servicios, a los efectos de que se supriman las medidas administrativas y sanciones que presuntamente vulneran derechos constitucionales tanto de los productores como de los consumidores y se respeten las competencias de los tribunales en la calificación y sanciones de  delitos previstos en el cuerpo legislativo.

   Aparte de ello solicitaron la aplicación de medidas contra el contrabando de extracción en los estados fronterizos y la reforma integral de la Ley de Costos y  Precios Justos para limitar su alcance al estrictamente necesario y asegurar la intervención del Poder Público sólo en casos en los que existan fundados indicios de la comisión de  hechos ilícitos económicos graves.

   Pero, precisó la Sala, la demanda contiene diversas pretensiones de distinta naturaleza, las cuales se excluyen entre sí, pues  por una parte se pretende instar a diversos órganos del Estado a la adopción de medidas en materia de seguridad alimentaria dirigidas a racionalizar su presencia mediante la desaplicación y modificación de las medidas existentes en la materia y por otra, solicitan se ordene al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea Nacional la reforma de la Ley de Costos , Precios y Salarios Justos y de la Ley Para la Defensa de las Personas en el  Acceso a los Bienes y Servicios, cuya protección obedece a un procedimiento de naturaleza distinta, que resulta incompatible con la presente acción judicial y ocurre que, según el artículo 150 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de  Justicia es inadmisible una demanda  “cuando se acumulen demandas o pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.”

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