José Luis Centeno Salas jolcesal@hotmail.com Efectos criminales de una Fiscal justiciera

(José Luis Centeno S. (@jolcesal) En momentos cuando el jurista Carlos Sánchez Berzain pide aplicar la Convención de Palermo para acusar, investigar, juzgar y capturar a Nicolás Maduro y sus cómplices, fundamentalmente por integrar el grupo de delincuencia organizada que tiene el poder en Venezuela (un tema recurrente en esta columna), Luisa Ortega Díaz manifestó su complacencia con esa iniciativa en una de sus acostumbradas huidas hacia adelante, consciente de su rol protagónico en ese grupo delictivo, sabiendo que causó daños personales graves a cientos de ciudadanos, entre los que se cuentan Fiscales del Ministerio Público, con el único propósito de que reinara la impunidad para que sus dilectos camaradas siguieran delinquiendo. En consecuencia, también se le puede aplicar dicha convención a ella.

Como defensor del preso político Kamel Salame, por más de 8 largos años, conozco de primera mano los efectos criminales de la gestión de Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público, incluyendo los casos de acoso, atropellos, extorsiones internas y las desmedidas, desproporcionadas e ilegales acciones de persecución interna por parte de las máximas autoridades designadas por ella, incluso ocurridos en el interior del país, donde se utilizaron los brazos policiales auxiliares del organismo para quitar del camino de modo ilegal e inconstitucional a un sinnúmero de fiscales idóneos, donde se presume es la institución que por mandato constitucional resulta la garante en el cumplimiento en la práctica del texto de la Carta Magna.

Luisa Ortega Díaz, desechó los cambios legales y constitucionales ocurridos en los años 98 y 99, que debían conducir a un nuevo proceso penal en Venezuela, desvirtuando la persecución pública  de los delitos, generando la anulación de la independencia y autonomía funcional de los fiscales del Ministerio Público.

Tan es así, que cuando un representante de la vindicta pública acudía a una audiencia y pedía una medida, si por alguna circunstancia el Juzgado la consideraba improcedente u otorgaba otra decisión, las instrucciones que en lo interno y a modo confidencial tenía ese Fiscal era pedir un permiso breve en Sala Judicial, y desde los pasillos dar la novedad vía telefónica al superior inmediato, a los fines de esperar instrucciones al respecto. Ese esquema funcional lo desarrolló e impuso la gestión de Luisa Ortega Díaz y lo vivimos en incontables oportunidades en el caso de Kamel Salame.

Resulta curioso que Luisa Ortega Díaz se quejara a modo público sobre los desvíos en que han incurrido los organismos auxiliares de investigación penal, y en particular el SEBIN, eludiendo su responsabilidad en un proceso progresivo que propició en perjuicio de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales y procesales, no sólo del común de los ciudadanos, de los presos políticos, sino también de una larga lista de gente perseguida en el Ministerio Público en la era de Isaías Rodríguez y Luisa Ortega Díaz, entre quienes pudiera mencionar gente muy capaz como Theresly Malavé, Edgar Villafranca, Gustavo Urrea Ríos, Serbio Hernández, Edward Herrera Biur y el ex Subdirector de Revisión y Doctrina, hombre tan brillante como su padre, el notable penalista Dr. Marcel Marcano López; así como también a quienes nombré en una entrega anterior, Abelardo Izaguirre, Gyoris Guzmán Valdez y Franklin Nieves Capace, cuya casa y la de su señora madre en La Pastora de Caracas, el entonces superpoderoso y ahora defenestrado, Zair Mundaraín allanó haciendo gala de una mente mediocre resentida de chavista-disfrazado.

Luisa Ortega Díaz con Gioconda González, Raquel del Rocío Gásperi Arellano y Zair Mundaraín, además de arrinconar y  disminuir laboralmente a un sinnúmero de funcionarios, acosados y señalados como portadores de algún virus contagioso, de manera deliberada impusieron un hostigamiento criminal.

Confundieron el derecho laboral a la Jubilación con las medidas humanitarias que se otorgan en los recintos carcelarios para con la mayoría de los funcionarios solicitantes, convirtiendo un derecho en una prerrogativa orientada a la total y absoluta sumisión que en cualquier momento se podía considerar desleal, a causa de hechos alegados de modo alegre sobre la base de comentarios ligeros sin soportes, animadversiones o revanchas personales plasmadas con total desparpajo.

De tal manera, que cuando Luisa Ortega en su gira mundial amenaza con acusar a fiscales del MP ante la justicia internacional “por enjuiciar a personas con pruebas y documentos falsos”, obviamente habla con conocimiento de causa, porque ella y su combo fiscal lo hacían.

Cualquier información, comentario, desahogo o sugerencia por la dirección electrónica jolcesal@hotmail.com, el teléfono 0426.1529612 o por mi cuenta en Twitter José Luis Centeno Salas

@jolcesal

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José Hernández 16 de octubre 2017, lunes #PeriscopioVenezuela

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