Maibort Petit Exclusivo: Narcosobrinos tienen altas probabilidades de ser condenados a cadena perpetua

La Fiscalía de Nueva York asegura que los acusados tienen una larga conducta criminal y tiempo en el negocio del narcotráfico.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
 
El juez de Distrito, Paul Crotty, emitió una orden relacionada con las presentaciones hechas durante la audiencia oral de argumentos donde los abogados de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, hicieron objeciones al Informe de Investigación Final anterior a la Sentencia donde la corte ratificó que el nivel de ofensa de los acusados es 43. En la tabla de sentencias federales el nivel 43 es el más alto con un castigo equivalente a cadena perpetua, tal como puede apreciarse en la tabla que presentamos a continuación.


El Juez Crotty concluyó la revisión de los argumentos de la defensa y de la fiscalía y determinó que la totalidad de los agravantes del caso de Campo y Flores suma un nivel de ofensa de 44, pero de acuerdo a las reglas, cuando un caso suma 44 debe ser tratado como 43, que es el nivel más alto de ofensa de las directrices federales. He aquí una imagen de lo expuesto por la corte en este aspecto.

En el Informe de Investigación Final previo a la Sentencia presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, parte acusadora en este caso, se exige al tribunal que Campo y Flores sean sentenciados a cadena perpetua, no solo por la gravedad de la ofensa, y cantidad de la cocaína que incluye la conspiración la cual es superior a los 450 kilogramos, sino porque de acuerdo a los fiscales federales, los sobrinos de la pareja presidencial venezolana tienen una larga conducta criminal y estaban vinculados al negocio del narcotráfico antes de que fueran interceptados por la DEA.
 
¿Cómo se calcula una sentencia apropiada en la justicia penal?
 
Para calcular una sentencia apropiada para un acusado, la justicia penal estadounidense utiliza un informe de investigación pre-condenatorio que es realizado por las Oficinas de Libertad Condicional de Estados Unidos.
El experto en derecho criminal, Carlos Pérez, explicó que de acuerdo al artículo 32 de las Reglas Federales de Procedimiento Criminal, un oficial de libertad condicional debe realizar un informe de investigación previo a la condena y entregarlo al tribunal en casi todos los casos.
 
En esa investigación se identifican todas las pautas que sentencian, así como las declaraciones de política aplicables en la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. Asimismo, se calcula  el nivel de la ofensa cometido por el acusado y la categoría de antecedentes penales.
 
En el informe, dice Pérez, se indica el resultado del código penal y las clases de sentencias disponibles para esa ofensa y, además, se identifica cualquier factor pertinente a la clase apropiada de sentencia dentro de los parámetros aplicables establecidos en el código penal.
 
De acuerdo a la regla, el  informe pre-condenatorio contiene la historia del acusado y las características incluyendo cualquier antecedente penal, la situación financiera del acusado, cualquier circunstancia que afecte su comportamiento que pueda ser útil en la imposición de sentencia o en el tratamiento penitenciario.
 
Pérez dice que los oficiales de la Oficina de Libertad Condicional verifican la información del acusado y se evalúa el impacto económico, social, psicológico y/o impacto médico de cualquier víctima de la ofensa, la naturaleza y el alcance de programas no-penitenciarios y recursos a disposición del acusado, suficiente información para ordenar restitución y cualquier otro dato que la corte requiera.
 
Pautas de sentencias obligatorias
 
El abogado expone que la Ley de Reforma de Sentencias de 1984 adoptó una serie de pautas de sentencia obligatorias que rigen para estos casos, y  que en 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la naturaleza obligatoria de las pautas que sentencian fueran sujetas a los requisitos de jurado de la Constitución de Estados Unidos.
 
El Tribunal acordó que el remedio apropiado era quitar las provisiones de la Ley de Reforma de Sentencias de 1984 que hizo que las pautas de sentencia fueran obligatorias.
 
El sistema actual requiere que el tribunal que establezca la pena considere las opciones de sentencia recomendadas por las pautas, pero los jueces están libres a imponer cualquier sentencia autorizada por la ley, dice el experto.
 
Señal Pérez que el oficial de la libertad condicional, que es un empleado por el Tribunal Federal de distrito de Estados Unidos, sirve como investigador independiente para el tribunal. “Hay que dejar claro que ese oficial de la libertad condicional no trabaja para el fiscal, ni el abogado defensor del acusado. Esa persona recibe información de las dos partes y es extremadamente cauteloso de adoptar cualquiera de las posiciones de los partidos rotundamente”, acota.

Por lo general, el oficial de libertad condicional se reúne y verifica información importante sobre la ofensa y el acusado para la inclusión en el informe pre-condenatorio.
 
— El oficial reúne información de dos formas principales: la realización de entrevistas y revisión de documentos. Después de completar todas las entrevistas necesarias y la recolección de los documentos, el oficial de libertad condicional prepara el informe pre-condenatorio y se lo entrega al juez.
 
Durante la entrevista al acusado—la cual tiene lugar luego de emitido el veredicto del jurado o se haya producido una declaración de culpabilidad— el oficial de libertad condicional formula preguntas acerca de la ofensa por la cual fue procesado y hallado culpable el demandado, sobre antecedentes penales y familiares, educación, empleo, finanzas, salud física y mental, y abuso de alcohol o drogas.
 
Igualmente pedirá que el acusado proporcione el nombre e información de un miembro de la familia o amigo cercano que pueda verificar la información del historial personal del acusado y, en muchos casos, pide que proporcione documentación de la información proporcionada durante la entrevista, tales como registros financieros, registros de nacimiento/matrimonio/ divorcio, expedientes académicos, registros de empleo, registros de servicio militar, historiales médicos, o registros médicos o de consejería.
 
Pérez continúa su explicación e indica que si el acusado no puede, o no está dispuesto a proporcionar dicha documentación, el oficial tratará de obtener los documentos de manera independientemente. Los acusados tienen el derecho de negarse a contestar preguntas o proporcionar información durante la entrevista previa a la condena.
 
La defensa puede aconsejar al cliente no contestar ciertas preguntas o no firmar algunas formas para obtener información. La decisión de no contestar a una pregunta ni proporcionar información será informada al tribunal con una anotación de que la decisión fue adoptada con el asesoramiento de un abogado.
 
La falta de información en el informe con respecto a cuestiones particulares puede restringir el acceso del acusado a los programas ofrecidos por la Oficina Federal de Prisiones si el demandado es encarcelado.
 
Asimismo, Pérez dice que la falta de información en algunos asuntos también puede afectar el cálculo de las guías de asesoramiento de sentencia. Es por ello que se les recomienda a los acusados consultar con su abogado sobre qué información debe proporcionar durante la entrevista de investigación pre-condenatoria. Los abogados de la defensa suelen estar presentes en esta parte del proceso.
 
El experto aclara que el Informe Federal de investigación pre-condenatorio es un documento confidencial y su divulgación está limitada a lo que dice la regla. Una copia se le entrega a la defensa y otra a la fiscalía. Luego de este paso, los abogados defensores discuten el informe con los acusados y luego hacen objeciones al informe.
 
Los abogados de Campo y Flores presentaron una serie de objeciones al informe, que en este caso coincidió con el informe previo a la sentencia presentado por la fiscalía. La defensa calificó el Informe de la Oficina de Libertad Condicional como una copia del presentado por el gobierno.
 
La defensa puede imputar la exactitud de la información contenida en el informe o la aplicación de las pautas que sentencian a esa información y el oficial está obligado a proporcionar respuestas a todas las objeciones recibidas en un apéndice al informe pre-condenatorio. Una vez que el oficial complete las correcciones, el informe es entregado al fiscal, a los abogados defensores y al juez que emite la sentencia.
 
Una vez sentenciados, el informe es enviado a la Oficina Federal de Prisiones para ayudar a esa instancia a clasificar al acusado al nivel de seguridad apropiado, a proporcionar programas de prisión y para la planificación de la liberación. Aunque el informe previo a la condena es entregado a la  Oficina de Prisiones, sigue siendo un documento oficial del tribunal y no podrá ser divulgado a terceros.
 
Cadena perpetua
 
De acuerdo a las estadísticas disponibles en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las sentencias de cadena perpetua son raras en el sistema federal de justicia penal.
 
Por lo general, casi todos los delincuentes condenados por un delito federal, finalmente pueden  salir de la cárcel y regresar a la sociedad o, en el casos de extranjeros ilegales, ser deportados a su país de origen.
 
No obstante, en el año fiscal 2013 los jueces federales impusieron cadena perpetua sin libertad condicional a 153 delincuentes. Las estadísticas señalan que ese mismo año, otros 168 reos recibieron una condena de un período específico de años tan largo que tuvo el efecto práctico de ser una sentencia de por vida. Esto representó sólo el 0,4 por ciento de todos sentenciados ese año.
 
Los datos reflejan que la infracción por la cual se impuso sentencia de prisión perpetua en el 2013 fue el tráfico de drogas. En específico, fueron condenados 64 reos. Estos casos representaron el 41,8 por ciento de los delincuentes que fueron condenados a pasar toda su vida en la prisión ese año. Aun así, una sentencia perpetua es rara en los casos de narcotráfico, habiéndose impuesto en menos de un tercio del uno por ciento de todos los casos de narcotráfico ese año.
 
Delitos que llevan a cadena perpetua
 
De acuerdo a lo establecido en el informe de Sentencias Federales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para el año 2013, existen numerosas leyes penales federales que autorizan las condenas de cadena perpetua como pena máxima.
 
El más comúnmente utilizado de estos estatutos es el relacionado con tráfico de drogas, asesinatos y armas de fuego. Hay al menos 45 estatutos que requieren una pena de cadena perpetua para ser impuesta como la pena mínima. Estas penas mínimas obligatorias generalmente se requieren en los casos que implican el asesinato de un funcionario u otro empleado del gobierno, piratería o reincidencia involucrando tráfico de drogas o armas.
 
En el año fiscal 2013, 69 de los 153 delincuentes que fueron condenados a cadena perpetua estaban sujetos a una pena mínima obligatoria que obligaba al tribunal a imponer esa sentencia.
 
En el informe se establece que la  Comisión de Sentencia de los Estados Unidos promulga directrices de sentencia que proporcionan “rangos de sentencia” que los jueces deben considerar al imponer una sentencia en los casos de felonía federal.
 
Dichas directrices tienen en cuenta tanto el delito como las características del delincuente para proporcionar rango recomendado de encarcelamiento, libertad condicional o combinación de confinamiento y libertad condicional. Para la mayoría de los delitos federales hay una línea de delincuencia correspondiente especificado en el Manual de Directrices que la Comisión, dice el informe.
 
Cada pauta proporciona una o más “niveles de infracción base” para el delito o grupo de delitos referencia a la misma, que sirve de punto de partida para determinación de la sentencia. La mayoría de las pautas entonces contienen disposiciones adicionales que el juez debe considerar a la luz de la “conducta de ofensa real” del delincuente.
 
Usando estas provisiones, los jueces están obligados a hacer los cálculos aplicables en cada caso. “El hecho de no calcular y considerar adecuadamente la directrices es un error de procedimiento reversible”, dice el reporte.
 
Para calcular la directriz, el juez determina primero qué aplica al delito de convicción y la base de infracción que se corresponde a los hechos del caso y, luego, considera si las disposiciones específicas de una característica ofensiva se aplican, junto con referencias cruzadas a otras directrices e instrucciones para esa directriz.
 
Estas disposiciones aumentan o disminuyen el “nivel de ofensa” que determinará la sentencia en el caso. El juez Paul Crotty determinó que el nivel de ofensa de Campo y Flores es 43, es decir el mayor en la lista de ofensas que conlleva a cadena perpetua. No obstante, Crotty puede aplicar cualquiera de los “ajustes” previstos en las disposiciones relativas al tipo de víctima del delito. Una de las decisiones del juez de este caso es que eliminó el agravante que había propuesto la fiscalía que señalaba que los dos acusados habían obstaculizado la justicia en relación con el delito.
 
El juez Crotty determinó en el documento presentado a las dos partes el 10 de octubre de  2017 que el nivel de ofensa final para el delito del delincuente es 43. Ahora, el magistrado pasará a determinar la puntuación de antecedentes penales de los convictos en una de las seis “categorías de antecedentes penales”.
 
Una vez hechas estas consultas y haber decidido el nivel de delito final y la categoría de antecedentes penales, el juez consulta una tabla de la sentencia en la cual  están los tiempos de encarcelamiento expresados ​​en número de meses,  para encontrar el rango que corresponde al nivel de delito final y categoría de antecedentes penales que se aplica en el caso.
 
El número de meses en el extremo superior o “superior” de cada rango es aproximadamente 25 por ciento mayor que el número de meses en el extremo inferior o “inferior” de ese rango de encarcelamiento, esto es, el “rango de pauta” que se aplica en el caso.
 
La Comisión Federal de Sentencias prevé específicamente cadena perpetua en solo cuatro de las más de 150 directrices contenidas en el Manual de pautas, y luego solo para ciertos actos o cierta clases de delincuentes.

Estas pautas incluyen asesinato, traición, ciertas ofensas de tráfico de drogas y ciertas ofensas de armas de fuego cometido por ofensores profesionales, como ya se ha dicho.
 
Las pautas del tráfico de drogas prevén específicamente una condena de cadena perpetua por delitos de narcotráfico, pero solo donde la muerte o lesiones corporales graves resultaron del uso de la droga y cuando el acusado haya sido condenado previamente por un tráfico de drogas.
 
En otros casos de tráfico de drogas que conllevan a cadena perpetua están los que involucran cantidades muy grandes de drogas y donde el ofensor tiene antecedentes penales importantes. En este caso, el rango de sentencia puede incluir cadena perpetua, aunque solo como la sanción en la parte superior de la distancia.
 
El juez también determina si el delincuente ha aceptado la responsabilidad de su crimen. Al final de este proceso, el juez tendrá que determinar el nivel de ofensa final para el delito del delincuente.
 
Para el establecimiento de la pena, el juez también habrá determinar un “puntaje de antecedentes penales” para el delincuente, según sus condenas penales anteriores y lugares ese puntaje en una de las seis “categorías de antecedentes penales”.
 
Breve recuento del caso
 
Fue el 10 de noviembre de 2015  Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas quienes fueron arrestado en Puerto Príncipe, Haití, por agentes de la Oficina de Lucha contra el Narcotráfico (BLTS, por las siglas en francés de Bureau de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants) en el restaurante del Servotel, un lujoso hotel ubicado en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la capital haitiana. Posteriormente fueron expulsados y entregados a la DEA para su traslado a Nueva York donde serían procesados judicialmente por los delitos que les había imputado Gran Jurado de los EE UU.
 
Ya en suelo de Nueva York, Campo Flores y Flores de Freitas fueron llevados a las celdas del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (MCC por sus siglas en inglés), ubicado a escasos metros del edificio 500 Pearl Street en Manhattan, donde funciona la corte del Distrito Sur de Nueva York donde más tarde serían formalmente acusados y procesados.
 
El 12 de noviembre de 2015 el juez accidental, James L. Cott revisó los informes de investigación de arresto de los acusados y les leyó los cargos presentados en su contra: Conspiración para (i) importar cinco o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero; y (ii) distribuir cinco o más kilogramos de cocaína conociendo y con la intención de que sería importada a los Estados Unidos. A partir de ese momento, sería el juez Paul Crotty de la Corte del Distrito Sur de Nueva York quien se encargaría del caso.
 
Desde entonces tuvo lugar una cadena sucesos que pasó por varios cambios de los equipos de defensa, figurando entre ellos abogados de oficio adjudicados por el tribunal hasta costosos despachos jurídicos que levantaron grandes controversias al sospecharse que los honorarios de los mismos pudieran provenir de las arcas del tesoro nacional venezolano. Mucho tiempo después, bien adelantado el proceso, se supo que las facturas de Randall Jackson, John T. Zack de la prestigiosa firma  Boies, Schiller & Flexner LLP; y de  Michael D. Mann y David M. Rody, del bufete Sidley Austin LLP, que finalmente asumieron la defensa de los sobrinos de Cilia Flores, eran pagadas por el empresario de filiación chavista, Wilmer Ruperti, quien, casualmente, había obtenido un jugoso contrato petrolero para la fecha en que estos hechos ocurrieron.
 
Quien para ese entonces ocupaba la fiscalía de la Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, se encargó de blindar el caso con pruebas contundentes con base a la investigación que durante meses llevaron a cabo agentes de la DEA que se valieron de testigos e informantes secretos que suministraron evidencias en contra de Campo Flores y Flores de Freitas.
 
Los juristas diseñaron una estrategia consistente en desprestigiar, tanto la investigación de la agencia antinarcóticos, el procedimiento de arresto —denunciado como secuestro por la defensa—, como a los testigos e informantes y las pruebas recabadas por estos. Sostuvieron durante todo el juicio que los sobrinos de la pareja presidencial venezolana fueron objeto de una trampa esgrimida por los agentes del gobierno y sus cooperantes.
 
Durante el juicio propiamente dicho, que tuvo lugar del 7 al 18 de noviembre de 2016, un jurado integrado por doce personas, declaró culpables a Efraín Antonio  Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas de los cargos que se les imputaban.
 
El 14 de diciembre de 2017 serán sentenciados por el juez Crotty y enviados a una cárcel federal donde pagarán la condena que le corresponde por sus delitos.

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