Militares retirados impugnan candidatura del presaliente

“Ciudadana:

Presidenta y demás Magistrados de la Sala

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

Su Despacho.-

Nosotros: General de División (Ej.) Rafael Montero Revette, Contralmirante Elías Buchszer Cabriles, General de Brigada (Av.) Eduardo Arturo Caldera Gómez, Coronel (Av.) Pedro Soto Fuentes, todos venezolanos, mayores de edad, inscritos en el Registro Electoral, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Caracas y titulares de las cédulas de identidad números: 2.953.284, 1.748.679, 3.634.760, 3.852.160 respectivamente; (todos oficiales en situación de retiro), asistidos en este acto por los abogados en ejercicio doctores Mercedes Contreras Nunés y José María Zaa, titulares de las cédulas de identidad números 1.141.278 y 1.478.669 respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 11.946 y 1.385 habilitados para actuar ante este Supremo Tribunal, según matrículas 3293 y 3215 respectivamente, ante vuestra competente autoridad ocurrimos, respetuosamente, en ejercicio de la Acción Popular, para interponer formalmente ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (C.N.E.), dictada por la Junta Nacional Electoral en fecha doce (12) de junio de 2012, contenida en Resoluciones que responden a los códigos 18932, 18393, 18394, 18398, 18401, 18403, 18408, 18409, 18414, 18416 y 18420, mediante las cuales se admitió las postulaciones de la candidatura a la Presidencia de la República del Oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en situación de actividad, Hugo Rafael Chávez Frías, en violación expresa de la norma contenida en el artículo 330 de la Constitución de la República; Acción de Amparo Constitucional que proponemos de la siguiente manera:

1. COMPETENCIA.- Esta honorable Sala Constitucional es la competente para conocer y decidir la acción propuesta, en atención a lo preceptuado en los artículos constitucionales 7, 266.1 y 335; y artículo 25, numeral 22, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia quien, en ejercicio de la función contralora de la constitucionalidad, debe abarcar y anular todos los actos, actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral, y de sus órganos subordinados y subalternos que lesionen los derechos fundamentales y sus garantías. —————————————————-

2. LEGITIMIDAD.- Ejercicio de la Acción Popular consagrada en los artículos 333 y 335 del texto constitucional que prescriben a la autoridad judicial la obligación de garantizar la integridad, eficacia y supremacía de las normas y principios constitucionales; mandatos a los que sumamos nuestra condición de ciudadanos hábiles en derecho y sufragantes activos y pasivos; cualidades de las cuales se desprende que tenemos interés legítimo y directo en la situación que exponemos y en la obtención de la providencia jurisdiccional a que se contrae el pedimento. —————————————————

3. HECHO QUE ORIGINA LA ACCION PROPUESTA.- En fecha doce (12) de junio de 2012, la Junta Nacional Electoral; actuando como órgano subordinado del Consejo Nacional Electoral; a solicitud de varias organizaciones políticas dictó un conjunto de Resoluciones distinguidas con los códigos: 18932, 18393, 18394, 18398, 18401, 18403, 18408, 18409, 18414, 18416 y 18420, en las cuales dispuso la admisión de las postulaciones de la candidatura a la Presidencia de la República para las elecciones convocadas para el siete (7) de octubre del presente año de Hugo Rafael Chávez Frías, quién para esa fecha había readquirido la condición de oficial en situación de actividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el grado militar de Comandante en Jefe, con insignia de grado y estandarte, como puede constatarse en el texto del artículo 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6020 de fecha 21 de marzo de 2011.- De acuerdo a la letra, alcance y propósito del mencionado artículo 6, ninguna duda puede existir de que el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías es, desde la fecha 21 de marzo del año 2011, un oficial en situación de actividad, que ostenta el máximo grado militar previsto en la legislación Castrense Nacional que entró en vigencia en la fecha señalada. ———————————————————————

4. OMISIÓN CONSTITUCIONAL.- El artículo 292 de la Constitución prescribe que el Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral; y en su artículo 293, se establece como su función: “La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los Poderes Públicos…” .- Uno de los actos de mayor importancia lo es el de la admisión de la candidatura propuesta, la cual está sometida a exigencias concretas por el texto constitucional, en atención a la aspiración del nivel del cargo a desempeñar o función a cumplir.- Al respecto el legislador constituyente estableció en el artículo 227 las prohibiciones e inhabilidades de carácter general para los optantes al desempeño del cargo de la Presidencia de la República, como lo son: “a) la ciudadanía venezolana por nacimiento y con exclusión de cualquiera otra; b) la mayoría de treinta años; c) estado seglar; d) no estar sometido a condena mediante sentencia firme, e) cumplir con los demás requisitos establecidos en la Constitución.” y es precisamente, como un derivado de este último mandato, que el artículo 330 constitucional establece que: “Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la Ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”. Este artículo positiviza una inequívoca “inhabilidad política específica“ para el oficial castrense activo (cualesquiera que sea su grado, jerarquía o destino ocupacional); referida a la prohibición del ejercicio pasivo del sufragio.- En este aspecto la prohibición es total, sin posibilidad de obviarse, a menos que se incurra en la abierta violación del precepto, lo cual alcanzaría, la entidad de una derogatoria constitucional. El artículo 55 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales recoge el mandato contenido en las normas constitucionales 227 y 330, al declarar que: “Los requisitos y condiciones para que los electores y las electoras puedan postularse a los distintos cargos de elección popular, son los que se encuentran establecidos en la Constitución de la República y en las leyes”. De lo expuesto precedentemente queda suficientemente claro, y acreditado, que la Junta Nacional Electoral, órgano subordinado del Consejo Nacional Electoral, no ajustó su conducta a lo establecido y ordenado en los artículos 227 y., específicamente, 330 de la Constitución (norma directamente aplicable al caso sin necesidad del intermedio de otra ley) al momento de la emisión de las Resoluciónes identificadas ut-supra por las cuales se admitió las postulaciones a la candidatura presidencial del oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; en situación de actividad, Comandante en Jefe Hugo Rafael Chávez Frías, condición de grado y actividad acreditadas en el artículo 6 de la Ley Orgánica respectiva. En este antijurídico acto administrativo se concreta la OMISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD del Consejo Nacional Electoral; Acto contra el cual estamos formalmente solicitando Amparo Constitucional y restitución de la situación Jurídica infringida. ——————————————————————————–

5. NATURALEZA DE LAS NORMAS SOBRE DERECHOS HUMANOS.- La Constitución Venezolana en materia de Derechos Humanos comporta la naturaleza de “Norma de Decisión” y; en consecuencia, no permite la concurrencia de otras normas que acusen supuestos o apreciaciones valorativas no compatibles con la calidad de la tutela que define su finalidad: se trata de normas operativas de aplicación directa e inmediata que para la eficacia y obtención de la tutela para el bien jurídico protegido no requieren de la existencia de la ley reglamentaria (artículo 22 Constitución).————–

El artículo 330 constitucional tiene ese carácter de norma operativa, de tal manera que la autoridad electoral competente al pronunciarse sobre la admisibilidad de la ya citada candidatura a la Presidencia de la República debió atenerse a lo ordenado por la norma constitucional, con exclusión de cualquiera otra que regule la materia. Este carácter de operatividad inmediata y directa de la norma constitucional arropa a todos los derechos fundamentales de los ciudadanos.- Para el caso específico de la viabilidad de la postulación a la reelección presidencial de Hugo Rafael Chávez Frías que, como ya dijimos, readquirió la condición de oficial activo de la Fuerza Armada con el grado de Comandante en Jefe y máxima autoridad jerárquica (con insignia de grado y estandarte) en los términos, del artículo 6 de la vigente ley orgánica de la Institución Castrense, la norma para la admisibilidad candidatural aplicable era, y lo es, el artículo 330 de la Constitución de la República.- Esta norma señala el parámetro material de la decisión de amparo que por el presente escrito solicitamos, respetuosamente, a la honorable Sala Constitucional.- Reafirmamos nuestro criterio de que en materia de Derechos Fundamentales (y el sufragio está en el elenco nacional, regional y universal de esa categoría de derechos), la regulación constitucional es de aplicación directa como norma de decisión, por ser ésta la voluntad del Constituyente del año 1999, consignada en el Artículo 7 y Capítulo III del Texto Fundamental.———————————————————————————————

Es obvio que el acto por el cual el Consejo Nacional Electoral admitió las postulaciones de esa candidatura no se corresponde con las condiciones establecidas, y exigidas imperativamente, por la norma de máximo rango, por lo que el organismo electoral ignoró conscientemente la garantía objetiva de la Constitución, con cuya conducta revistió al acto administrativo emitido de “Nulidad absoluta” incapaz de generar efectos jurídicos válidos y vinculantes y, en estas situaciones, la Constitución ha confiado al más Alto Tribunal de la República, en Sala Constitucional, la atribución, no compartida, de proceder a la extinción del acto violatorio, y devolverle y reafirmar su condición y carácter de “Norma Suprema y Fundamento del Ordenamiento Jurídico”, con lo cual ratificaría y haría buena la obligación puesta en cabeza del Estado, de dar protección y amparo a los Derechos Fundamentales del Ciudadano; y mantener la incolumidad y la confianza en la Institución del Sufragio como un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado por los honorables Magistrados de la Sala Constitucional. Esta inobservancia sustancial, cristalizada en la inaplicación de la norma rectora y obligante, podría generar el colapso del Sistema Electoral, estructurado sobre la sólida base de la garantía de la igualdad, imparcialidad, transparencia, confiabilidad y eficacia, principios que reposan y, a la vez, son la resultante de que en cada fase comicial participan sólo los ciudadanos y ciudadanas que gocen de la debida legitimidad.- Al incurrir la Junta Nacional Electoral en una permisibilidad no tolerada jurídicamente, como lo es el caso de la candidatura prohibida constitucionalmente, se puede producir un quebrantamiento o, cuando menos, una subversión del sistema normativo en su conjunto al tener en cuenta que como lo indica el artículo 5 de la Constitución de la República: “ Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”, y la soberanía según la construcción doctrinaria de data histórica, es la voluntad ciudadana expresada en el sufragio.- Vista la situación que provoca el ejercicio de la presente acción de amparo, considerada en toda su cruda realidad, tenemos que convenir (contra nuestro querer) que la conducta de la Junta Nacional Electoral, más que una equivocación es una postura que raya con los límites de la temeridad que afecta negativamente, por su carga de consecuencias previsibles, los legítimos derechos electorales de todos los venezolanos y venezolanas.- Aquí está la razón profunda del porqué acudimos como invocantes de justicia en solicitud del amparo constitucional correspondiente para nuestro derecho humano y fundamental del sufragio, como nos lo ordena el artículo 132 de la Constitución de la República. —————————————-

PETITORIO Convencidos estamos que los honorables Magistrados harán realidad, traducido en su fallo, la voluntad de la norma contenida en el artículo 330, porque sólo deben obediencia a la Ley, y con fundamento en los artículos 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 25, numeral 22, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y de las razones y consideraciones expuestas en el cuerpo del presente escrito, solicitamos respetuosamente a esta honorable Sala Constitucional: —————————–

PRIMERO: Dejar sin efecto las Resoluciones emitidas por la Junta Nacional Electoral en fecha doce (12) de junio del año 2012, signadas con los códigos: 18932, 18393, 18394, 18398, 18401, 18403, 18408, 18409, 18414, 18416 y 18420, en las cuales se admite las postulaciones de la candidatura del oficial activo de la Fuerza Armada Nacional Hugo Rafael Chávez Frías, para las elecciones presidenciales a celebrarse en fecha siete (7) de octubre del corriente año, por violar dicha admisión, de manera total e intensa, el contenido prohibitivo del artículo 330 de la Constitución de la República.———————————-

SEGUNDO: Que junto con el pronunciamiento por vía de consecuencia, de la nulidad de las Resoluciones indicadas, declare el pleno restablecimiento de la situación Jurídica infringida por el Consejo Nacional Electoral a través de su órgano subordinado la Junta Nacional Electoral.—————————————————————————————

TERCERO: Que oficie al Consejo Nacional Electoral, en la persona de su Presidenta, para que envíe a la sala Constitucional, el número de ejemplares que sea necesario, de la Gaceta Electoral en la cual se publicaron las Resoluciones identificadas que certifican y le dan piso incuestionable a la motivación del pedimento.————————————————-

CUARTO: Solicitamos muy respetuosamente a la Sala Constitucional darle la tramitación de acuerdo a lo instituido en la Ley Orgánica respectiva y declarar con lugar el pedimento de amparo.————————————————————————————————

Es Justicia que esperamos en Caracas a la fecha de su presentación”.

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