MSc. Luis Felipe Mejía Blanco ¡RESPONSABILIDAD DE MAGISTRADOS(AS), JUECES Y JUEZAS DE LA REPUBLICA!

plena TSJ
“Los Jueces y Juezas, incluyendo a Magistados(as), son personalmente responsables en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”.
¡J U R I S P R U D E N C I A!
En sentencia de fecha 22-06-2004, emanada de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en relación a un amparo constitucional interpuesto por el ciudadano Franklin Arrieche Gutiérrez, Magistrado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, contra el Acuerdo de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.584 del 4 de diciembre de 2002, por medio del cual, en sesión del 3 de diciembre de 2002, aprobó el Informe de la “Comisión Especial que Investiga la Crisis del Poder Judicial sobre las presuntas irregularidades cometidas por Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, y declaró la nulidad del acto mediante el cual fue designado Magistrado, bajo la motivación siguiente:

“(…) El 16 de junio de 2004, compareció por ante la Sala el ciudadano Magistrado Franklin Arrieche Gutiérrez, parte actora en la presente causa, y expuso que en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del día 15 de junio de 2004, se decidió anular nuevamente el acto mediante el cual fue designado Magistrado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, solicitó se extendieran los efectos del “mandamiento de amparo” contenido en la decisión n° 2168/2002 citada.
Dicha prescripción establece lo siguiente: “Artículo 23. Cuando sea procedente se aplicarán las presentes sanciones: (…) 4. La Asamblea Nacional, por mayoría simple, podrá anular el acto administrativo mediante el cual se designa a un Magistrado o Magistrada, principal o suplente, cuando éste hubiere suministrado datos falsos con motivo de su postulación a la fecha de la misma, que impida conocer o tergiverse el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Ley y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; o cuando la actitud pública de éstos, atente contra la majestad o prestigio del Tribunal Supremo de Justicia, de cualquiera de sus Salas, de los Magistrados o Magistradas del Poder Judicial; o cuando atente contra el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de alguna de sus Salas o del Poder Judicial. Estos actos administrativos de anulación tienen pleno valor y eficacia, y contra ellos sólo procede el recurso de nulidad”. (Negrillas y subrayados nuestro).
(Firmado)
MSc. Luis Felipe Mejía Blanco

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