ND/Gobernador de Bolívar desvanece esperanza de reubicación entre las 6.511 personas afectadas por crecida de los río

 07 Ago 2018, 06:54

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Elías Rivas / 7 ago 2018.- El estado Bolívar se mantiene en alerta ante la crecida de los ríos Orinoco y Caroní. Para este lunes la cota del río Caroní alcanzó 17:79 metros sobre el nivel del mar, lo que indica una alerta roja, mientras que el Orinoco subió, por un lado 17:76 msnm en Ciudad Bolívar, dejando al municipio Heres en alerta amarilla y Caicara del Orinoco a 35:27 msnm, dejando al municipio Cedeño en alerta roja.

Sectores como el barrio José Gregorio Hernández, Los Leandros, El Edén, Los Monos, Campo Rojo o Sabana de Piedra, ubicados entre San Félix y Puerto Ordaz (municipio Caroní), han manifestado su preocupación no solo por el nivel que han alcanzado las aguas, sino por la propagación acelerada de enfermedades infectocontagiosas.

Esta tragedia natural ha derivado en calles y casas anegadas, robos a viviendas luego de ser desalojadas y no menos importante, la muerte dos personas en la entidad, una de ellas una niña de 10 meses en el sector Campo Rojo de San Félix.

De acuerdo con el reporte del periodista Carlos Suniaga para el canal informativo digital, VPiTV del 28 de julio de este año, la pequeña estaba sola, se levantó de la cama, caminó hasta el patio (que para ese momento era un lago) y se ahogó. Su mamá y tu tía la dejaron durmiendo mientras compraban gas doméstico.

La segunda víctima fue un pescador de 57 años de edad que fue arrastrado por la crecida del rio Orinoco.

El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, ofreció una rueda de prensa el domingo 5 de agosto, en la que daba reportes sobre las afectaciones por las lluvias y crecidas de los ríos, en ningún momento dio detalles de la muerte de esas personas mencionadas o algún otro caso en la entidad.
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Indicó que 1.654 familias, unas 6.511 personas, se han visto afectadas por este fenómeno natural, lo que ha provocado su traslado a refugios, unos lo hacen de manera voluntaria mientras otros siguen las recomendaciones de Protección Civil.

Justo Noguera las clasificó de la siguiente manera: 162 lactantes, 2.259 niños, 431 adolescentes, 3.300 adultos, 296 adultos mayores y 63 discapacitados.

Muchas de estas personas han manifestado en reiteradas oportunidades, a través de diversos medios de comunicación locales, su deseo de que el río no tome más terreno por el hecho de no desalojar sus viviendas; hacerlo, según explican, es dejarlas a merced del hampa.

Lo que sí se mantiene intacto es su anhelo porque se cumpla la promesa que año tras año les dejaba el exgobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, de una reubicación a urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuando se registraban para estas fechas tragedias naturales de esta magnitud.

Esperanza que este domingo se desvaneció por completo toda vez que el actual Jefe Regional descartó dicha reubicación.
“Lo que sí está es barrio nuevo barrio tricolor para que, a medida que vayan bajando las aguas, casa que se vaya despejando, casa que estaremos arreglando”, enfatizó Noguera.

Temen por sus pertenencias

Los padres y madres de familia ciertamente temen por sus vidas, así lo han hecho saber cada vez que son entrevistados, pero no es menos cierto que también les invade la angustia de perder lo mucho o poco que han logrado obtener durante su vida en pareja.

Los damnificados ubicados en el refugio “Centro de Educación Inicial Puerto Ayacucho”, sector Campo Rojo, explicaron al equipo de Noticiero Digital que se debaten entre abandonar sus pertenencias o proteger su integridad.
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Petra Vargas es una de las afectadas reubicada temporalmente en CEI Puerto Ayacucho. Habita en la calle Los Pinos; el agua arrasó con el baño de su vivienda construido en la parte de atrás de su casa entre bloques de cemento y zinc.

El momento en que se anegó su vivienda, como pudo, rescató varios electrodomésticos y los llevó hasta casa de una vecina, de inmediato se trasladó al refugio con su familia y allí pasó la noche.

Cuenta que al día siguiente se enteró que muchas de las viviendas de su calle fueron invadidas por delincuentes aprovechándose de la emergencia y hurtaron todo lo que encontraron en su camino.

“Es que hasta el palo de la escoba se lo llevaron, todo lo de aluminio. No dejaron nada. Yo no puedo estar acá mientras mis cosas peligran, después quién me las repone”, expresó Vargas.

En la humilde casa Petra vive con su esposo, cuatro hijos y dos nietos de ocho y tres años, respectivamente.

Comenta que en la emergencia del año pasado, funcionarios al menos visitaron su calle “para tomar fotos”, de ahí deriva la promesa de reubicación, pero este año afirma que, al menos por su calle, no han pasado.

Paludismo y otras más

Petra no solo manifestó su preocupación por las inundaciones sino por la propagación de enfermedades en la comunidad, consecuencia de las lluvias.

“Aquí nos estamos enfermando, hay paludismo, amibiasis, dengue y nadie nos responde. Queremos que el gobernador venga y vea la realidad con sus propios ojos”, denunció Vargas.

Denuncia a la que se ha sumado el concejal del municipio Caroní por la Mesa de la Unidad Democrática, Iván Yáñez, quien no solo tomó el sector de Campo Rojo como zona de monitoreo de las víctimas, sino quienes hacen vida en La Laja, parroquia Simón Bolívar de San Félix.

El concejal indicó que al menos 119 familias de 247 que allí residen están en zona de emergencia por la crecida del río, lo que ha provocado el colapso de los refugios cercanos.
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Sobre los tres refugios para los afectados, instalados en el Preescolar La Laja, Escuela La Laja y Ia iglesia de la mencionada localidad; enfatizó que estos se encuentran colapsados, mientras que quedan familias que no han podido ingresar a estos y que son excluidos de los pocos beneficios que pudiera llevar el Gobierno.

Al mismo tiempo alertó que ya hay paludismo dentro de estos centros, lo que pudiera convertirse en una epidemia ante las condiciones de hacinamiento que existen en el lugar.

El edil introducirá el miércoles un documento ante la Defensoría del Pueblo para denunciar las situaciones infrahumanas en que se encuentran las personas afectadas, a fin de exigir a este ente inspeccionar la zona para dejar registro de todo el panorama.

Esto lo hará, según dijo, confiando en que cuando se recupere la democracia y la libertad los responsables de tantas incompetencias paguen ante la justicia por sus responsabilidades.

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