Periodistas venezolanos continúan afrontando hostilidad


Ataques y restricciones contra medios de comunicación persisten bajo nuevo régimen

Manifestaciones afuera del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en apoyo del canal de televisión Globovisión, 23 de junio 2013. El canal se había visto obligado a pagar una multa de 2.1 millones de dólares, la cual se le impuso por su cobertura de un levantamiento carcelario ocurrido en el 2011. EPA/DAVID FERNANDEZ
Viena, 6 de junio de 2013 – Después de las elecciones presidenciales del último abril, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) continuó su seguimiento de los acontecimientos en Venezuela. Numerosos y recientes incidentes sugieren que la libertad de prensa sigue en peligro desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia.

Las últimas semanas han visto reportes de un número de ataques físicos contra los medios de prensa. El 27 de mayo, un artefacto explosivo fue lanzado frente a la sede del diario El Panorama. Aunque no se reportaron heridas ni daños materiales, panfletos lanzados con el explosivo sugieren que el ataque fue de motivo político y atribuible a un grupo llamándose ‘Fuerzas Bolivarianas de Liberación’.

El Subdirector del IPI Anthony Mills dijo: “Instamos al gobierno del Presidente Maduro a tener en cuenta el ambiente de hostilidad que continua afectando a miembros de la prensa venezolana. Los niveles de violencia y frecuencia de los ataques que se ven hoy en día, entorpecen la habilidad de los periodistas para ejercer su labor.”

Periodistas individuales también han sido sometidos a la violencia física. El 3 de mayo, Johnny Gonzáles, reportero deportivo del diario Líder, fue asesinado luego de resistir un aparente intento de robo. Hasta ahora, las investigaciones del crimen han fallado en excluir la posibilidad de que el asesinato estuviera atado a la labor periodística de Gonzáles. El 3 de Junio, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, condenó el asesinato e hizo un llamado a las autoridades para que aceleren el proceso de investigación y castiguen el hecho con severidad.

En un incidente aislado, el 12 de abril, el automóvil de Lilia Giménez – corresponsal del diario El Anaquense – fue prendido en fuego afuera de la residencia de la periodista. Giménez aseguró que el ataque fue una represalia por un artículo publicado por su diario, el cual vinculó a familiares de un líder político local a un asesinato. Según reportes del IPYS, Giménez se rehusó a aceptar la protección que le ofrecieron las autoridades, ya que dice no confiar en la policía.

El periodo desde que el Presidente Maduro asumió su mandato ha visto más que una aparente inhabilidad o renuencia de prevenir ataques contra periodistas. Semejante a su predecesor, el nuevo gobierno ha mantenido la animosidad contra ciertos sectores de los medios de comunicación. El 26 de mayo, Maduro continuó su arremetida contra medios de prensa internacionales y aseguró que CNN en español promueve la “intervención” extranjera y un “golpe de estado.”

La hostilidad contra periodistas por parte de miembros del gobierno no se ha limitado a ataques verbales; también existen esfuerzos más evidentes para restringir la labor periodística. En una conferencia del 30 de mayo, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, se negó ha contestar preguntas hechas por Eugenio Martínez del diario El Universal, al cual se le conoce por sus criticas del gobierno venezolano. Lucena justifico su conducta diciendo que la rueda de prensa no era para “opinadores políticos.”

En otro incidente, el 24 de mayo, miembros del Ministerio de Justicia impidieron la entrada de Daniel Colina, reportero del canal de televisión Globovisión, a un homenaje a miembros de la Policía Nacional Bolivariana – el cuerpo de seguridad del estado. Del mismo modo, Maru Morales – reportera legislativa del diario El Nacional – dijo que el 21 y 22 de mayo, se le negó acceso a reuniones de la Asamblea Nacional, a las cuales se les permitió entrada otros periodistas. Cuando Morales pregunto la razón de su exclusión, simplemente se le contestó que “eran ordenes.” Morales prosiguió a solicitar un recurso de amparo por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Los medios de comunicación privados, en especial aquellos que han criticado al gobierno en el pasado, parecen verse particularmente afectados. El 26 de mayo, Francisco ‘Kiko’ Bautista, conductor del programa de critica política ‘Buenas Noches’, fue despedido del canal Globovisón luego de su extensa cobertura de los discursos y las actividades del líder de la oposición Henrique Capriles. El despido ocurrió días después de una reunión entre el Presidente Maduro y miembros de Globovisión, en la cual los ejecutivos del canal prometieron trabajar con el gobierno para alcanzar “la paz y vida”.

Globovisión, canal que fue vendido el 13 de mayo, había sido conocido como uno de los mayores críticos de los gobiernos de Chávez y Maduro. El previo dueño, Guillermo Zuloaga, declaró que “se vio forzado” a vender el canal dado que este no podría aguantado la “presión” a la que estaba siendo expuesto. Zuloaga dijo que la presión incluía “el gobierno venezolano negándole la renovación de la licencia de transmisión.” Globovisión fue comprado por Juan Domingo Cordero, quien se dice tiene una relación “amistosa” con miembros del gobierno.

IPI ha expresado en el pasado su seria preocupación por ataques y enemistad contra la prensa venezolana, amonestando que estos resultan en la auto-censura y la pérdida de opinión e información importante.

“Un papel vital del periodismo es hacer al gobierno rendir cuentas, lo que incluye la cobertura crítica,” dijo el Subdirector del IPI Anthony Mills. “Sin embargo, cuando el miedo a la violencia o de perder el propio trabajo están presentes, cómo se ve hoy en día en Venezuela, el silencio reinará con frecuencia.”

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José Hernández 11 de octubre 2018, jueves #PeriscopioVenezuela buen día

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