Prepara Familia: La decisión de la CIDH sobre el J.M. De Los Ríos es histórica

(Julio Materano / 24 feb. 2018)– Para quienes están al frente de la promoción de los derechos fundamentales, la medida cautelar emitida este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es una gesta fortuita. Es el logro de un reclamo unísono de CecodapPrepara Familia y de los padres del Hospital J.M. de los Ríos, cuyo servicio de Nefrología realiza 8.500 consultas por año, de las cuales 2.125 corresponden a pacientes crónicos y cuenta con la única unidad de hemodiálisis capaz de ofrecer terapia sustitutiva de riñón a niños con menos de 10 kilogramos.

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A propósito de la resolución, que exige al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la salud y la integridad de los pacientes del servicio de Nefrología, la abogado Katherine Martínez, dirigente social y directora de Prepara Familia, señala que la CIDH ha seguido el desabastecimiento de medicamentos en Venezuela, que algunas organizaciones sitúan en 90%.

La Comisión Interamericana considera que las autoridades deben brindar un tratamiento médico que tome en cuenta, ente otros aspectos, el acceso a los medicamentos y procedimientos requeridos conforme a las recomendaciones de los expertos. El estado también está en la obligación de satisfacer las necesidades nutricionales de los niños afectados, acciones que el Gobierno de Nicolás Maduró tendrá comunicar a través de un informe.

No es la primea vez que la CIDH dicta una medida similar. En octubre el organismo de la Organización de Estados Americanos falló a favor de Johonnys Hernández, un paciente con hemofilia, cuya vida estaba en peligro. En esa ocasión se instó al Gobierno a implementar las acciones necesarias para restablecer su salud. ¿Cuál será el papel de ustedes como organización?

Estamos decididos a controlar todo. Vamos a constituir una comisión técnica, con voceros, médicos tratantes y representantes de los niños del servicio de Nefrología del J.M. de los Ríos para corroborar que el Estado implemente las acciones exigidas para garantizar la salud de los afectados. Es una garantía importante, una decisión que tiene varias acciones. Tenemos una gran expectativa y hemos visto movimientos del Ministerio de Salud y la dirección del hospital. Ayer estuvo la gente de Fresenius Medical Care que es la compañía contratada para hacer mantenimiento a las máquinas de hemodiálisis.

¿Cuánto tiempo tardó la medida?

Esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una buena noticia. Estamos trabajando desde el año pasado, cuando ocurrió el brote infeccioso que afectó a los pacientes de hemodiálisis y cobró por lo menos cinco vidas. Algunos representantes Inclusive estuvieron en la audiencia de la Comisión celebrada en Perú en julio de 2017. Pero el 22 de diciembre se introdujo la denuncia en la CIDH y el 16 de febrero de este año mandamos un informe actualizado, que nos pidieron, sobre la situación. Pero el Estado, que debía dar respuesta, no la dio, sino que pidió prorroga. Y de todos modos las medidas fueron dictadas, la Comisión no quiso esperar porque se trata de un problema probado, una situación que es considerada prima facie y que compromete el derecho a la vida.

¿Entonces podría asumirse el fallo de la CIDH como un quiebre?

Es una medida histórica, porque no es para individualidades. Es verdad, aunque en principio se introdujo para cinco niños, entre ellos Carlisbeth Falcón, una pequeña de 11 años que podría perder su trasplante de riñón por falta de inmunosupresores, la medida cautelar es de mayor espectro, para todos los pacientes de Nefrología, cuyas familias probaron que había un riesgo inminente, una situación de emergencia.

La crisis de salud ha dejado una huella profusa en especialidades como nefrología, ¿qué tanto puede revertir la situación un dictamen de la CIDH, frente a un el Gobierno que desconoce la raíz del problema?

Fue el miércoles 21 de febrero cuando la Comisión ordenó asegurar las condiciones de salubridad y seguridad en el área de Nefrología de ese hospital. Daikeiner Dacosta, por ejemplo, es un niño de siete años que no tiene catéter para diálisis, y corre riesgo de muerte. En el J.M. los niños no pueden acceder a los trasplantes porque Fundavene, la fundación encargada de la procura en el país, que está adscrita al Ministerio de Salud, paralizó la actividad en mayo de 2017.

La medida cautelar (N° 1039-17) es un punto interesante de quiebre, porque no solo se evaluaron las condiciones de salud de los afectados, además de ello, de la falta de inmunosupresores, de la paralización de la procura y trasplante de órganos, y de la inoperatividad del servicio de laboratorio, se tomó en cuenta las condiciones de infraestructura. Es un problema global: seis de las 15 máquinas de hemodiálisis no funcionan en el J.M. Y no hay hemoderivados para los niños de Nefrología que tienen que someterse a transfusiones de sangre con regularidad. Es la primera que en Venezuela se otorga una medida cautelar para un sector, para todos los paciente de Nefrología, sin individualizar. Ello incluye a los 22 pacientes de hemodiálisis, pero estamos hablando también de los niños que acuden a la consulta de Nefrología, que están en hospitalización y en lista de espera por riñón.

Cecodap ha introducido varios recursos de amparo en los tribunales del país pero no han sido admitidos…

Hay muchos intereses. Y en Venezuela no hay una división de poderes como lo establece la Constitución. No hay estado derecho, pero uno apuesta para que eso ocurra. Por acudimos a instancias internacionales. Estuve revisando la jurisprudencia y hay algunas sentencias emitidas por la CIDH contra países como Paraguay. Es una decisión fundamental que viene a marcar un hito, porque estamos hablando de personas que han sido vulneradas de manera flagrante. El Estado debe cumplir con cada una de las decisiones de la Comisión, entre las cuales se exige que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la salud de los pacientes del área de Nefrología del Hospital J.M. de los Ríos.

¿En cuánto tiempo ocurrirá eso?

Acaban de publicar las medidas y ya el Estado fue notificado. Fuimos al Ministerio de Salud, para solicitar una reunión a fin de verificar su comportamiento y los lapsos.

¿Y cuál creen que será el comportamiento del Estado?

No lo sé con certeza, pero van a tener que cumplir, estamos hablando de madres que tienen años con hijos que padecen patologías crónicas y que han aprendido mucho. El Estado no va a reconocer la crisis humanitaria compleja, pero los comisionados revisaron cada una de las pruebas y conocen la situación que nos afecta. La salud es un derecho, no es un favor. Ellos van a tener que cumplir porque vamos estar vigilantes. El 27 de febrero estaremos en Bogotá, en la audiencia 167 de la Comisión Interamericana y acudiremos en la Audiencia de Salud y Alimentación para reportar todo lo que ocurre en Venezuela.

Prepara Familia no es una organización extranjera, vivimos y padecemos la falta de medicamentos. Hay personas con neumonía que han fallecido por falta de antibióticos. Esto no significa el fin, estamos en pleno proceso de lucha.

En un momento en el cual el país aún apuesta por una dirigencia opositora contundente que no termina de gestarse, ¿podría decirse entonces que las ONG toman la delantera en la defensa de los derechos?

Nosotros no estamos haciendo política. Nuestro trabajo es de servicio, de defensa de los derechos humanos. Ahora más que nunca, se necesita que las organizaciones civiles estén activas. Necesitamos trabajar unidos, en alianza. Realmente estamos viviendo una emergencia humanitaria compleja y el Estado es un actor importante que no toma la decisión que se necesita para activar la cooperación internacional. Lamentablemente, se utiliza el dinero en otras cosas y no se le da la prioridad a la salud. Los padres tienen que seguir en la calle.

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