Presentan informe sobre corrupción en Misiones Sociales

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TOMADO DE resistenciav58/Con información de Transparencia Venezuela/Ayer lunes 2 de junio, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela publicó un informe que evalúa el impacto de la corrupción en el goce de los derechos sociales por parte de la ciudadanía.

En el marco de la 55º sesión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DECS), la institución examinó el impacto de la corrupción en las Misiones Sociales del Gobierno Nacional, como uno de los programas sociales que reciben mayor monto de inversión:

“Con espacios de discrecionalidad y arbitrariedad, la inversión a gran escala en Misiones y programas sociales, ha llevado a la búsqueda de beneficios personales y/o políticos evidentes, que Transparencia Venezuela califica de riesgos de corrupción. La falta de normas, sistemas y procedimientos y responsables que impidan, limiten y sancionen estos abusos se traduce en impunidad ante el incumplimiento y violación de derechos”, cita el texto.

En el documento, la organización critica la tarea del Estado Venezolano con respecto a la desatención en el tema de la corrupción en las políticas públicas y la falta de planificación dentro de los programas sociales.

“La Misión Vivienda, Misión Hijos de Venezuela, Misión Barrio Adentro (salud), Misión A Toda Vida Venezuela (seguridad) y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) coinciden principalmente en la falta de normas, sistemas y procedimientos responsables que impidan, limiten y sancionen el uso discrecional de los recursos, lo que conlleva el abuso en el uso de los recursos y se traduce en la impunidad ante la violación de derechos. Esta situación queda reflejada con los indicadores de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014, donde se refleja el aumento de la pobreza de 46% en 1998 a 48% en 2014″.

La organización solicitó a la comisión de la ONU en exhortar al Estado Venezolano en implementar normas anticorrupción: Ley de Acceso a la Información Pública, Ley prevención de conflictos de intereses; Ley de protección de denunciantes; implementar las prácticas de transparencia presupuestal y planificación del gasto con base en metas e indicadores, generar y publicar con carácter de urgencia información completa, verificable y clara, sobre el desarrollo de los DESC y en particular de las Misiones Sociales y el cese de la persecución contra defensores y organizaciones de DDHH y de vigilancia ciudadana.

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