Runrunes #MonitorDeVíctimas 23 adultos mayores han sido asesinados en Caracas en cinco meses de 2017

Runrunes/ @nmatamoros/Carlos D’ Hoy/@carlos_dhoy

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65% de las víctimas murieron en el interior de sus viviendas. La fuerza física es la principal arma utilizada para perpetrar los crímenes, según registros obtenidos por Monitor de Víctimas

El pasado 23 de agosto fueron localizados los cuerpos de la familia Rodríguez en el interior de su vivienda, ubicada en la urbanización Prados del Este del municipio Baruta. Las víctimas: Arelis Rodríguez, de 66 años de edad y sus padres Antonio, de 89 años de edad, y María Rodríguez,  de 82 años, fueron golpeados y asfixiados. Los culpables del triple homicidio siguen prófugos. Se trata de la empleada doméstica y de su pareja. La mujer no tenía ni tres meses de haber sido contratada para asistir en las labores del hogar.

Una vecina del complejo residencial cuenta que solo la vio en dos oportunidades. Es una mujer joven. No llega a 40 años, de piel morena y poco conversadora. Ella había puesto un anuncio en la prensa para ofrecer servicios de limpieza.  A los pocos días fue contactada por el grupo familiar para trabajar. “Ellos vivían en el primer piso del inmueble y en el segundo vive una de las hijas del matrimonio Rodríguez. Necesitaban a alguien que se dedicara a limpiar las habitaciones y baños. Esas tareas no podían hacerlas solos”, refiere la mujer.

La mañana del lunes 28 de agosto las cámaras de seguridad de la urbanización registraron a la doméstica, acompañada por un hombre alto, de tez morena que había presentado como su hermano, pero en realidad era su pareja. Ellos llegaron a las 9:30 am a pie. El personal de vigilancia no recabó muchos datos del hombre porque estaba con ella y se trataba de una persona  de confianza. A las 12:00 del mediodía los videos captaron la llegada del camión de agua. El dueño de la casa Antonio Rodríguez salió a comprar un botellón y se regresó a la vivienda. Pasada la 1:00 pm quedó grabado en el material audiovisual, cuando la doméstica y su pareja salieron. El llevaba un morral que colgaba de su hombro derecho. Minutos antes los vecinos escucharon gritos, pero no sabían la procedencia.

En la noche la hija menor que vive en el segundo piso de la residencia entró por un acceso independiente. Cuando subió a la terraza vio el cuerpo de su hermana Arelis en el patio.  No se atrevió a forzar las puertas y llamó al 171 y a la policía. Los funcionarios no tardaron en llegar. En las habitaciones hallaron los cadáveres de Antonio y María Rodríguez. “Quedaron irreconocibles por los golpes que recibieron. Me imagino que se ensañaron cuando les dijeron que no tenían objetos de valor. Ellos no poseían prendas, ni dinero en efectivo. El mobiliario de su casa era sencillo. No era atractivo para el hampa”, comenta la vecina.

La doméstica no contestó el celular. La policía acudió al barrio donde vivía y no había rastros de ella ni del cónyuge. No hay pistas de dónde pudieran estar. El caso quedó engavetado. La pareja de ancianos y su hija tenían más de 50 años viviendo en esa urbanización. Eran queridos y respetados. El señor Antonio Rodríguez era contador público y fue presidente del Colegio de Contadores Públicos. Su hija Arelis era madre de una veinteañera que vive en Estados Unidos. La muchacha quería venir a visitarlas, pero ella le decía que se quedará allá. “Venezuela está muy peligrosa, es un territorio inseguro y anárquico” , le aconsejaba.

En más de 60% de los asesinatos de abuelos se usó la violencia física

Según los datos recopilados por el Monitor de Víctimas, una alianza entre la ONG Caracas Mi Convive y Runrun.es para recabar y analizar la data de homicidios en Caracas, de los 700 homicidios registrados entre mayo y septiembre de 2017 en los municipios Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre, 23 fueron cometidos contra ancianos. Del total de los adultos mayores asesinados 13 murieron en Libertador, siete en el municipio Sucre y tres en Baruta, en total 10 fueron asesinados en el estado Miranda.

Al analizar las cifras se observa que en más del 60% de los asesinatos de adultos mayores, 14 de 23 casos, se usó la fuerza física como medio para el homicidio. Al disgregar esta data se observa que en seis oportunidades los crímenes fueron perpetrados usando armas blancas, en tres casos se utilizaron objetos contundentes para asesinar a las víctimas y en cinco oportunidades se usó la superioridad física del atacante como arma para perpetrar el asesinato, que pudo haber sido a través de la estrangulación o golpes. De los asesinatos restantes seis fueron cometidos con arma de fuego y en tres casos no se pudo determinar el arma utilizada.

Del total de homicidios, 11 adultos mayores fueron asesinados en la vía pública mientras que 12 (52,17%) murieron en sus propias casas, lo que ratifica la opinión de expertos quienes señalan que hay una mayor cantidad de ancianos que se convierten en víctimas por estar solos en sus residencias. Esta situación representa una oportunidad para los delincuentes quienes en opiniones de expertos siempre optarán por atacar a las víctimas más débiles y robar dónde sea más fácil hacerlo.

Para el sociólogo Luis Cedeño, la mayoría de los ancianos que han sido asesinados, han sido golpeados, torturados, degollados. Ellos han manifestado resistencia a la acción delictiva porque no están dispuestos a dejarse someter. “Este comportamiento hace que el victimario se torne más violento y use la fuerza física o accione sus armas contra ellos, sin escrúpulos. Juegan a que si te pones cómico, te doy tantas veces hasta matarte”, dice el experto.

Cuando se observan los móviles de los crímenes, el 65% de los asesinatos ocurrió en el transcurso de robos, en números se trata de 15 adultos mayores quienes murieron en asaltos. Dos perecieron luego de ser heridos por balas perdidas. Dos fallecieron como consecuencia de venganza, una fue asesinada en un acto de violencia política por parte de colectivos afectos al gobierno y otra víctima pereció por violencia de género. En tres casos el móvil del asesinato  no fue determinado por las autoridades.

Por su parte la ONG Convite hizo un estudio hemerográfico que muestra la cantidad de homicidios de personas mayores de 60 años. Durante el año 2016 y lo que va de 2017, documentó 448 ancianos que murieron de forma violenta. De esa cantidad, 276 correspondieron a homicidios. La estadística que maneja la institución indica que 178 asesinatos fueron cometidos durante robos en vivienda. El resto de las muertes respondieron a venganza y resistencia al asalto.

Los datos recabados forman parte de consultas hechas a diarios nacionales y regionales. La región que registra el mayor número de homicidios es el Área Metropolitana con 65 asesinatos, seguida del estado Zulia con 40 y Lara con 23.

Presa fácil

Para Luis Francisco Cabezas, director de Convite, casos como el de la familia Rodríguez se han convertido en un patrón. Hasta hace unos 20 años, los ancianos y los niños eran intocables para el hampa. Esporádicamente se escuchaba un homicidio, ahora es un denominador común. En los últimos años este tipo de crimen ha ido en alza. La razón principal, refiere el experto, es que muchas personas de la tercera edad se han quedado solos cuidando las propiedades de sus hijos que se han ido del país por la crisis económica y social.

En urbanizaciones de Chacao, Sucre y Baruta hay un número significativo de personas de la tercera edad que viven solos. No tienen alguien que los cuide, ni que los acompañen a hacer diligencias. Esta condición los hace vulnerables a la acción del hampa. “Son fáciles de engañar y someter. Hay personas que de forma ingenua revelan que sus familiares se marcharon y que están cuidando los bienes de sus descendientes. La información llega a oídos de los delincuentes que los siguen y los cazan. Las personas de tercera edad también son fáciles de captar porque cumplen una rutina: a cierta hora salen a pasear sus mascotas, a comprar el periódico o a retirar el dinero de la pensión. En ese interín son sometidos”, explica.

La incidencia delictiva contra los ancianos, de acuerdo con la socióloga Verónica Zubillaga, responde además al contexto actual de escasez de recursos y de oportunidades. Hay competencia de sobrevivencia y algunos se convierten en depredadores. No hay consideraciones con las poblaciones más vulnerables.

Por su condición son confiados y al momento de contratar personal de servicio no son exigentes con los requisitos. No averiguan si  los trabajadores tienen antecedentes, de donde provienen, sus referencias y experiencia. A raíz de lo ocurrido con la familia Rodríguez en Prados del Este, los vecinos han optado por solicitar a empleados domésticos carta de residencia e investigan si tienen prontuario. “El personal de vigilancia ha reforzado medidas de seguridad. Preguntan a quienes van a visitar, cuánto tiempo van a tardar. Los que llegan en vehículos, son objeto de requisa”, informa un habitante de la zona.

Bajo la lupa del hampa

Esta medida no ha podido concretarse en la urbanización El Junko Country Club, en la vía hacia El Junquito. Allí, según Winston Córdoba, la caseta de vigilancia está desprovista de personal. Hay porteros, pero no son custodios. No controlan los ingresos de visitantes. Las bandas que operan en la zona les exhiben las pistolas y están obligados a dejarlos pasar. De las 600 quintas que integran la zona residencial, al menos 150 han sido blanco del hampa este año.

Así ocurrió con la vivienda de Los Quintanas. Allí solo vivía el matrimonio integrado por José Gregorio, de 83 años y Marlene, de 73 años. Junto a ellos vivía Jenny Nathaniel, de 73 años. Era extranjera y desde que tenía 23 años fue contratada por la pareja para que los ayudara en las labores domésticas y con la crianza de sus cuatro hijos. La mujer no se casó, dedicó su vida a servirle a ellos, a ver a los muchachos crecer. Se convirtió en un miembro más del grupo familiar. El año pasado la quinta que habitaban, y que fue bautizada con el nombre de Florecita, fue objeto de hurtos en dos oportunidades. En ambas oportunidades no había nadie. Habían salido a hacer unas diligencias.

Ya los azotes sabían quiénes ocupaban el inmueble y por donde entrar. Lo habían estudiado. Sabía que en la semana el dueño de la casa salía para su empresa de elaboración de pasapalos, ubicada en el kilómetro 23 de la vía de El Junquito. También sabía que se quedaban la esposa y la empleada. A las 6:30 am del 3 de agosto, cuatro hombres de piel morena y que portaban gorras, ingresaron por la vivienda. Según el relato de Córdoba, Nathaniel había salido a sacar los perros. La sorprendieron y le clavaron varias puñaladas. El propietario José Quintana había escuchado los gritos de la mujer y sacó su pistola para defenderse. Sin embargo, los hombres lo sometieron, se la arrebataron y le dispararon en la cabeza. Su esposa Marlene al escuchar la detonación bajó a la sala y también la hirieron de un tiro. El proyectil la rozó en el cuello.

Ella fue la única sobreviviente, duró varios días hospitalizada. De lo ocurrido en su casa Marlene no recuerda nada. Se le borró de la memoria el homicidio de su esposo y de la nana. Está bajo tratamiento médico. No ha regresado a su casa y está bajo el cuidado de sus hijos. “Lo mejor es que no rememore ese episodio”, expresa Córdoba.

Los robos y hurtos en las viviendas continúan. No han capturado ni a uno de los miembros de las tres bandas que operan en el sector. Los funcionarios policiales solo hicieron recorridos esporádicos durante la semana en que se cometió el doble crimen y no volvieron.

Bajo la misma impunidad actúan en la urbanización El Marqués del municipio Sucre. En esa zona mataron hace cinco meses a David Vallenilla, 80 años. Lo sometieron en su residencia. Un año antes fue asesinado Manuel Barrios de 84 años. Lo degollaron y a su esposa la encerraron en el baño, mientras se apropiaban de objetos de valor. Los culpables de estos crímenes forman parte de una banda que opera en el barrio Campo Rico, limítrofe con El Marqués. Hace dos meses entraron a la casa de Rubén Brito, de 79 años. Lo ataron y lo golpearon. Se llevaron dinero en efectivo, un vehículo y la comida del refrigerador. Su hijo que fue a visitarlo horas después lo encontró. Se salvó y no quiere regresar. Teme que los ladrones regresen. “Ellos saben que el vive solo. Pueden volver a llevarse otras cosas y a matarlo. La casa la pusimos en venta. Un vecino de confianza a vigila”, indica Iván Brito, hijo de Rubén.

La violencia tiene un repunte en las temporadas vacacionales

Una fuente del Cicpc indicó que en tiempo de vacaciones escolares, así como en la temporada navideña se observa un repunte en las actividades criminales contra los ancianos.

En agosto en San Luis, Caurimare, El Marqués, Prados del Este, El Cafetal, hubo un repunte en los robos en viviendas. Hasta 20 denuncias semanales fueron formuladas. De esa cifra, en al menos cinco casos las víctimas fueron personas de la tercera edad. “A los agraviados los golpearon porque se atrevieron a enfrentarse a los asaltantes.

A finales de agosto un hombre, de 82 años, identificado como José Vicente Marín fue atacado en su casa de la avenida El Cuartel de Catia. Lo amarraron en una de las habitaciones, pero logró desatarse, tomó su pistola y la accionó contra los ladrones. Uno de ellos murió”, informa el agente.

Falta de programas de protección social

Al tema de la vulnerabilidad de los ancianos se le suma que los adultos mayores están desprotegidos, no cuentan con programas de atención para verificar en qué condiciones viven.

La Alcaldía de Chacao, explica Luis Francisco Cabezas, tenía un programa impulsado desde la Dirección de Desarrollo Social denominado Juventud Prolongada, que ofrecía cuidados domiciliarios a los ancianos que viven solos. Esta iniciativa, apoyada por el gobierno español, se creó a raíz de que un grupo de ciudadanos españoles fueron víctimas de estafas por parte de desconocidos que se ganaban su confianza y los hacían firmar documentos de propiedad.

“A través de este proyecto, se formaba un equipo multidisciplinario con conocimiento en materia de primeros auxilios. Ellos los atendían en sus hogares y los acompañaban a hacer diligencias,los asesoraban en temas de negocios”, explica Cabezas.

Manifestó que es necesario crear este tipo de planes en otras jurisdicciones, previo a un estudio para determinar la cantidad de ancianos que viven solos, sus necesidades y en qué estado viven. Asimismo, recomendó activar chats para que los miembros de juntas de vecinos y consejos comunales estén alerta ante cualquier incidencia, e implementar los llamados botones de pánico que conectan a los ancianos con las autoridades.

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