TSJ usurpa voluntad del pueblo y viola la ley

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Destitución de Lumay Barreto como alcaldesa de Guasdualito es inconstitucional
La Asociación de Alcaldes de Venezuela solicitó a la Sala Constitucional del TSJ que revoque la admisión del caso así como su polémica sentencia, según la cual se designa a Víctor Blanco (Psuv) alcalde de la citada localidad apureña
Prensa Unidad Venezuela (Caracas, 2 de junio de 2015).- La arbitrariedad y la violación a las leyes, en pro de una postura partidista, fueron denunciadas este martes por la alcaldesa del Municipio Páez del estado Apure, Lumay Barreto, tras conocerse públicamente la decisión de la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, que la separa del cargo y nombra a Víctor Blanco como edil de la localidad.
La alcaldesa aún no ha recibido la notificación oficial del dictamen difundido el lunes por la máxima instancia judicial del país, que avala un acuerdo del concejo municipal de Páez, de mayoría pesuvista, según el cual el cargo debía ser ocupado por Víctor Blanco, quien, según denunció la abanderada del partido Voluntad Popular, acudió este martes a la sede municipal a tomar el control de la instalación, acompañado de simpatizantes del oficialismo.
“La decisión está firmada por la presidenta del TSJ. Esto es una arbitrariedad que no tiene límites, pues estuve seis días fuera, estuve en Caracas en una reunión de alcaldes y en Barquisimeto, para una operación de mi hijo. Vemos claramente la dictadura que tenemos en este país, donde todos los poderes están sujetos a la decisión de un partido político. No hay seriedad en ninguno de los jueces del TSJ. Este martes Vino el alcalde nombrado del TSJ a tomar el control. No estoy notificada oficialmente por el TSJ, mientras no sea así, no voy a entregar la alcaldía”, señaló Barreto.
“Hablé con los concejales del PSUV que vinieron y les dije que pedía respeto a la institucionalidad y a mí como persona. Aunque yo soy la que fue electa por el pueblo, me tocaría entregar el poder a una persona designada por el TSJ. Hemos estado en el interín rodeados de personas del PSUV. Los abogados que están actuando en Caracas, tienen todas las pruebas de que nunca he dejado de ejercer funciones como alcalde. Pero hasta ayer el TSJ no había admitido ningún documento que viniera de mi parte”, indicó la alcaldesa.
Blanco fue nombrado por cuatro concejales del PSUV. “Detrás de eso hay una retaliación contra todas las personas que quieren tener democracia. Y una retaliación contra la dirigencia de Voluntad Popular, por la marcha del pasado sábado. Vivimos amenazados en el municipio. Me pongo en las manos de Dios para que me cuide. El pueblo está muy molesto, la gente está indignada”, destacó la edil.
Asociación de Alcaldes de Venezuela exigió rectificación al TSJ
Como vocero de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, Gerardo Blyde, edil de Baruta, repudió la sentencia del máximo ente judicial del país y se refirió a la postura de esta instancia.
“Todavía no ha habido una destitución. Es una medida cautelar de separación del cargo. En una especie de ejecución. Es decir, ahora la Sala Constitucional de la República se volvió tribunal de ejecución de actos administrativos. Lo que tiene lugar es un conflicto de competencias entre dos órganos del poder público municipal. Uno es la cámara municipal, que produjo hace unos meses atrás un acuerdo mediante el cual declaró -inconstitucional e ilegalmente- un supuesto abandono del cargo de la alcaldesa Lummay Barrero, y por otro lado la edil, que se ha negado a cumplir ese acuerdo por ser inconstitucional”, aclaró Blyde.
Indicó el mandatario de Baruta, que la cámara municipal ha debido plantear ese conflicto entre autoridades ante la Sala Contencioso Administrativa del TSJ, para que determinara si ese acuerdo estaba bien formulado o si estaba conforme a derecho. “Pero en lugar de hacerlo, decidió irse ante la Sala Constitucional, en una supuesta acción de protección de intereses difusos y colectivos. Resulta que no hay ninguna acción de protección de intereses difusos y colectivos y la Sala Constitucional decidió la suspensión de la alcaldesa”, acotó.
“¿Cómo se puede sacar un alcalde? Las razones son claras y taxativas y están contenidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Solo se puede declarar la ausencia temporal de un alcalde en ejercicio, cuando han pasado noventa días de que se produce la ausencia. El acto determina que, según los concejales, la alcaldesa estuvo fuera de su cargo, por pocos días. ¿Dónde están los noventa días? La cámara no tiene ninguna competencia para determinar la ausencia temporal. Lo que hizo ese ente municipal fue un exabrupto jurídico, pero lo avala ahora la Sala Constitucional, al determinar una medida cautelar de suspensión del cargo de la alcaldesa. Está violándose no solamente el derecho de la alcaldesa a ejercer su cargo, también se está violando el juez natural. ¿Cuándo puede la Sala Constitucional conocer una acción que signifique o que quiera significar una omisión?, cuando sea un tema que pueda causar una conmoción nacional, cuando sea un tema de trascendencia nacional. Y esta ausencia temporal de la alcaldesa del municipio Páez, definitivamente, no lo es”, indicó Blyde.
El alcalde de Baruta también reiteró que se está violando el derecho del pueblo soberano del municipio Páez del estado Apure, el cual eligió a una alcadesa. “Lo que procede, sin duda alguna, es que los magistrados de la Sala Constitucional rectifiquen y revoquen la admisión y la sentencia y remitan el caso a la Sala Contencioso Administrativa. No era acción admisible y mucho menos, una vez admitida, proclive a sentenciar una acción de suspensión contra la alcaldesa”, concluyó.
La Asociación de Alcaldes de Venezuela emitió un comunicado en el cual rechazó “la pretensión ilegal de destituir a la alcaldesa Lumay Barreto del cargo confiado por los ciudadanos del municipio José Antonio Páez del estado Apure, mediante el voto popular”.

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