Víctor Salmerón Prodavinci ¿Qué pasa con la producción de alimentos? Entrevista a Manuel Larrazábal, presidente de Cavidea

Manuel Felipe Larrazábal, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea). Fotografía de Andrés Kerese.

(Víctor Salmerón/Prodavinci) Como en las sociedades primitivas, los venezolanos dedican una parte apreciable de su tiempo a la búsqueda de alimentos. Largas colas a las puertas de los establecimientos, revendedores que desplazan a los canales formales de comercialización, anaqueles vacíos y medidas de racionamiento forman parte de la vida cotidiana.

Si bien la administración de Nicolás Maduro insiste en que es víctima de una “guerra económica” orquestada por los empresarios para debilitar el respaldo al Socialismo del siglo XXI, Manuel Felipe Larrazábal, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), organismo que agrupa a 170 empresas privadas, explica paso a paso cuán difícil se ha vuelto producir y propone un plan para mejorar el abastecimiento de forma sustancial.

Cavidea ha señalado que la falta de materias primas e insumos afectan la producción. ¿Cuáles son las categorías más golpeadas y en qué proporción?
Son varias. Por ejemplo: en avenas hay dos productores muy importantes: Alimentos Polar e Inproceca. Desde el lunes de la semana pasada, Alimentos Polar está 100% parado porque se le terminó la avena en granos e Inproceca tiene avena hasta principios de enero. La avena se le compra a Chile, porque en el trópico no se produce, y en nuestras empresas se procesa. Si hoy se aprobaran todos los permisos, tardaría 70 días en llegar al país. Otro sector es salsa de tomate. Por falta de pasta de tomate, que también es importada, las plantas de Polar se pararon la semana pasada y Heinz, que estuvo parada durante un mes y reanudó operaciones, tiene materia prima para apenas tres semanas. Y estas dos empresas absorben 80% del mercado.

También hay problemas con el trigo. Actualmente hay inventario para 23 días del trigo que se utiliza para hacer pasta. Y entre los inconvenientes destaca que el gobierno está importando un trigo mexicano que es de inferior calidad y rinde menos que lo acostumbrado. Adquirirlo en Canadá, suponiendo que se aprueben las solicitudes de liquidación de divisas, supone superar problemas logísticos porque en invierno la movilidad de los barcos es limitada. Y el tema del atún es público y notorio: se tomó la decisión de no importar más lomo de atún y la industria tiene que abastecerse comprándole a los armadores nacionales que lo están vendiendo a 1.400 bolívares el kilo. Si ése es el precio de la materia prima, una lata mediana de atún costaría 1.300 bolívares. Es decir: con un salario mínimo podrías adquirir cinco latas, algo que no tiene sentido. Con el lomo de atún importado, esa misma lata de la que hablamos costaría alrededor de 200 bolívares.

En el caso de los refrescos, donde la industria está produciendo a máxima capacidad, sólo hay inventario de azúcar de dos días. Y en las bebidas refrescantes, como el té en polvo, el problema principal son los sobres donde envasan el producto.

¿La cadena de suministro está seriamente averiada?
Lo que está pasando es que la cadena de suministro está rota, en un estado precario. ¿Eso significa que vamos a dejar de producir alimentos? No: lo que significa es que hoy produces y no sabes si mañana podrás hacerlo. Se opera de manera intermitente. Las empresas no tienen la certeza de que contarán con la materia prima, los empaques, los insumos o los repuestos que necesitan. Los inventarios están bajos. ¿Se rompió un tornillo y no hay repuestos? Se para la producción hasta ver si se aprueban las divisas para adquirirlo.

¿En qué magnitud el Estado ha aumentado su participación en las importaciones y ha recortado de manera importante la asignación de divisas al sector privado?
Hace dos años se asignaba 70% de los dólares a los proveedores del sector privado y 30% a los proveedores del aparato público, porque también tienen necesidades de divisas. El Estado se convirtió en importador y, ahora, de cada 100 dólares que se destinan a importaciones, que son menos tras la caída de los precios del petróleo, el Estado absorbe 70%. El 100% de las empresas de Cavidea reportan que no han recibidos Certificados de No Producción durante el último trimestre de este año, un requisito indispensable para solicitar divisas.

¿Y cuál es la alternativa si el Estado no aprueba los dólares?
Si el Estado no aprueba las divisas, las empresas tienen la opción de comprar lo que necesitan a través de un trader, pero cancelando un tipo de cambio sin sentido de 800 bolívares por dólar. Eso es 12.500% más que el tipo de cambio oficial. Entonces ocurren absurdos como que un insumo que tenía un peso muy bajo en la estructura pasa a ser el componente principal del costo total.

Pareciera que el Estado quiere realizar directamente todas las importaciones…
Si el Estado gestionara de manera adecuada la compra en el exterior de la materia prima, los insumos, los repuestos, no habría problema. Pero el Estado no conoce cada uno de los negocios que hace cada una de las empresas privadas del país. Pretender que el Estado sustituya la inteligencia de miles de compañías es un imposible.

Cavidea dice que las importaciones de alimentos terminados que realiza el Gobierno son 500% más ineficientes que destinarlas a la adquisición de materia prima. ¿Por qué?
Con un dólar puedes comprar un kilo de un producto terminado, pero si ese mismo dólar lo destinas a la compra de materia prima la industria nacional produce cinco veces más. La razón es que cuando se compra un producto terminado en el exterior el precio, además de la materia prima, incluye el costo de la mano de obra, la electricidad, transporte, insumos y la ganancia del fabricante.

¿Qué propone Cavidea para solucionar el tema de la falta de divisas en la industria de alimentos privada?
Actualmente Venezuela tiene un ingreso de aproximadamente 30 mil millones de dólares al año. Con el 10% de esta cifra, unos 3 mil millones de dólares al año, podemos mejorar la cadena de suministro de la industria y trabajar a máxima capacidad.

Además de eso, está el tema de la deuda con proveedores en el exterior. ¿De cuánto dinero hablamos?
La deuda suma 1.535 millones de dólares. Pero quiero precisar que la industria no recibe dólares para operar: las empresas pagan en bolívares al Banco Central de Venezuela y es el Banco Central el que cancela los dólares al proveedor. Esa deuda se originó porque proveedores enviaron materia prima al país que ya fue procesada y el BCV no les ha pagado las divisas.

Con el descenso de los precios del petróleo, ¿es realista exigir que el Gobierno pague esta deuda en este momento?
Estamos claros de que es muy difícil tras el descenso de los precios del petróleo. Por eso lo que estamos proponiendo es que se atienda, que se le diga a los proveedores que se reconoce la deuda y se establezca un cronograma de pagos. Lo mejor que se puede hacer con alguien a quien se le debe es decirle cómo se le va a pagar.

¿Los proveedores estarían dispuestos a reanudar los suministros con un pago parcial?
Ésa es la pelea que hay que dar: algunos sí y otros no. Si hay un compromiso de pago, los proveedores lo van a pensar. Existe la posibilidad de que se nieguen a reanudar los despachos, pero si se trata de empresas que comprenden que hay épocas malas y buenas, para preservar el negocio, querrán que la pelota continúe rodando.

Conindustria afirma que al tomar en cuenta todos los sectores de la industria, la deuda total con proveedores en el exterior es de 12 mil millones de dólares. ¿Otros empresarios no considerarían que Cavidea va a recibir un trato especial?
Es un razonamiento válido, pero te preguntaría: ¿qué es lo que dicen los estudios de opinión sobre cuál es el principal problema de los venezolanos? Hay que priorizar. Y los venezolanos afirman que su problema cotidiano es conseguir alimentos y medicinas.

Cavidea ha insistido en que ha mermado la producción de materiales que son esenciales para elaborar empaques. ¿Cuáles son esos materiales?
Tetrapak, un componente para envasar los jugos y leches de larga duración. Luego están las resinas plásticas, por ejemplo, el empaque de margarinas, aceites, donde envasas el vinagre. Y los de aluminio, que son para las latas de refrescos, bebidas, jugos, cervezas… no hay suficientes empaques para todas las empresas. ¿Qué va a pasar? La situación de abastecimiento no va a mejorar si no tienes la cadena de suministro lo suficientemente estable.

El congelamiento de precios regulados es notable en rubros como arroz blanco (378 días), azúcar (265 días), pastas (224 días), leche en polvo (361 días), harina de maíz precocida (281 días) y café (539 días). En medio de una fuerte inflación, esto deriva en que no se pueden cubrir los costos de producción y Cavidea afirma que ha habido cierre de empresas. ¿Cuántas empresas han cerrado? ¿En qué áreas específicamente?
No sé decir cuántas, pero lo que sí puedo decir es que los rubros que más faltan son los básicos y faltan porque ha mermado la producción. La rentabilidad se ha convertido en una especie de pecado y es la única manera de generar tres cosas: bienestar a los trabajadores, inversión para producir más y retribución al riesgo de los accionistas, en este estricto orden. Sin rentabilidad no hay forma de generar bienestar para la sociedad.

¿Puede citar ejemplos de falta de rentabilidad?
Hay casos emblemáticos como el de la harina de maíz precocida. Hace doce meses la industria cancelaba el maíz en 2,2 bolívares el kilo y hoy le cuesta 15 bolívares. Es decir: hubo un aumento en el costo de esta materia prima de 582%. A pesar de esto, el Estado sólo ha permitido un aumento en el precio de la harina de maíz precocida de 53%, desde 12,40 a 19 bolívares el kilo. Y ese precio de 19 bolívares el kilo es para 70% de la producción de harina de maíz precocida, el 30% restante que corresponde a mezclas puede venderse a 120 bolívares el kilo. La realidad es que el consumidor sólo consigue la harina a 120 bolívares y la otra, como está escasa, la está comprando a los bachaqueros a un precio muy superior a los 19 bolívares.

Algo similar ocurre con el arroz, donde 50% de la producción debe venderse al precio regulado de 25 bolívares el kilo y el resto a más de 200 bolívares, tratándose del mismo arroz. Con la pasta, el Estado obliga a que 70% de la producción se venda al precio regulado de 15 bolívares y el resto, con otro formato, a 300 bolívares. ¿Cuándo consigues una pasta a 15 bolívares, una harina de maíz precocida a 19 bolívares, un arroz a 25 bolívares? Sin quererlo, el Estado se ha convertido en el promotor del bachaqueo.

¿Y cuál es la propuesta de Cavidea?
La ley estipula que toda actividad económica tiene un margen de ganancia razonable que llega a un máximo de 30%. ¿Por qué obligas a que se trabaje a pérdida? La propuesta es que se cumpla la ley.

¿Cuánto es la rentabilidad a la que aspiran?
De 10% o 15%. Puedo decirte que, en la época en la que había libertad de precios, Polar nunca ganó más de 5% o 10% vendiendo Harina Pan, Arroz Primor o Pastas Primor. Si se evita el congelamiento de precios y se permite una justa rentabilidad, es seguro que va a haber más inversión y más producción de alimentos regulados.

En la práctica, ¿ese ajuste de precios ya la población lo está pagando por el bachaqueo?
Y más.

La producción también se ha visto afectada por el ausentismo laboral. ¿Puede precisar la magnitud de este fenómeno? ¿Por qué ha aumentado?
En el 42% de las empresas afiliadas a Cavidea, unas 63 empresas, de cada 100 trabajadores, en promedio, diariamente 30 no van a trabajar. Esa práctica ha crecido por la impunidad laboral. En más de 80% de las calificaciones de falta que introducen las empresas ante el Ministerio del Trabajo la autoridad no procede a la apertura del procedimiento. También hay otro fenómeno: aproximadamente 1% de la población que trabaja en la industria de alimentos tiene calificación de despido. Se trata de personas que generan violencia, robo e incluso algunos han sido juzgados por tribunales de la República. Aún así, el Ministerio del Trabajo no aprueba la calificación de despido. Ese 1% está perjudicando al 99% restante que sí está comprometido con su trabajo y quiere producir más. Nuestra propuesta es aplicar la ley del trabajo para que no haya impunidad y procesar las calificaciones de despido.

En resumen, la propuesta de Cavidea es que se le asignen 3 mil millones de dólares al año y atender la deuda con los proveedores en el exterior; acabar con el rezago en los precios regulados para permitir un margen de rentabilidad; incentivar la producción nacional en vez de importar productos terminados; y hacer que se cumpla la Ley del Trabajo para impulsar la productividad laboral. Si el Gobierno cumple con estas solicitudes, ¿en cuánto tiempo aumentaría la producción de alimentos?
En 120 días podríamos comenzar a producir 25% más de lo que se está produciendo en este momento. En Venezuela se consumen aproximadamente un millón de toneladas de alimentos mensuales. Y, de ese millón de toneladas, entre 300 y 400 mil toneladas son productos frescos, como tomate, lechuga, pollo, carne. El resto, las otras 600 mil toneladas, son alimentos procesados que produce Cavidea. Entonces, un aumento de 25% se traduce en 120 mil toneladas extra de alimentos cada mes: cuatro kilos más por persona. Eso cambiaría estructuralmente la sensación de escasez de la gente, sin duda.

¿Se ha reunido con el Gobierno para hacer estos planteamientos?
El viernes pasado me reuní con el Ministro de Alimentación, Carlos Osorio, y conversamos durante tres horas. No es usual que un ministro te dedique tres horas de su tiempo para escuchar una propuesta. Creo que eso es un buen signo.

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